Chicago extiende ayudas a indocumentados afectados por crisis de COVID-19
- Chicago extendió ayudas económicas a refugiados e indocumentados afectados por la crisis del COVID-19
- «Sin importar el país de nacimiento o su estatus migratorio» podrán beneficiarse del subsidio
- Los inmigrantes podrán beneficiarse de un programa que provee ayuda para el pago de alquiler e hipoteca
La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot,
firmó este martes una orden ejecutiva que extiende a los refugiados e indocumentados las medidas económicas de protección ante la pandemia de COVID-19, reseñó la agencia Efe.
Según el documento, todos los beneficios, oportunidades y servicios provistos o administrados por la ciudad de Chicago son accesibles a todos los residentes, «sin importar el país de nacimiento o su estatus migratorio».
La alcaldesa declaró en un comunicado que la orden es más que un decreto oficial. «Es una declaración de nuestros valores como ciudad y como estadounidenses», explicó.
Por orden de Lightfoot, se extiende a los inmigrantes un programa que provee ayuda para el pago de alquiler e hipoteca a las personas que tengan problemas económicos por estar desempleadas debido a la casi total inactividad que rige en el estado de Illinois.
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— EFE USA (@EFEUSA) April 7, 2020
Los pequeños empresarios cuentan además con un fondo inicial de 100 millones de dólares que aporta dinero en efectivo que pueden utilizar para mantenerse a flote durante la crisis del COVID-19.
Asimismo, todos los alumnos de las Escuelas Públicas de Chicago, que en un 60 % son hispanos, pueden acceder a programas de enseñanza en línea debido al cierre de las escuelas en todo el estado, que los mantiene lejos de las aulas.
«Nuestra ciudad es una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes, enriquecida por inmigrantes, y siempre estaremos con nuestras comunidades de inmigrantes, pase lo que pase», afirmó Lightfoot.
«No todos los residentes de Chicago van a recibir cheques del estímulo federal aprobado por el Congreso, o podrán acceder al seguro de desempleo”, declaró en el comunicado el concejal Michael D. Rodríguez, del Distrito 22. «Esas personas también son miembros vitales de nuestras comunidades, familiares, compañeros de trabajo, vecinos y amigos», agregó.
Según el concejal George Cárdenas, del Distrito 12, la crisis del coronavirus golpeó duramente a negocios como restaurantes y hoteles, que emplean a un gran porcentaje de inmigrantes que no van a recibir la ayuda del Gobierno de 1.200 dólares por adulto y 500 por menor de edad.
Illinois, que enfrenta la pandemia con una orden de permanecer en casa del gobernador Jay Robert Pritzker, registra más de 12.000 enfermos confirmados y 307 muertes por el COVID-19, según cifras divulgadas el lunes.
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Latinos, los más afectados por la pandemia y los que menos ayudas tienen
Los latinos, que son el 17,6 % de la fuerza laboral de Estados Unidos, son más afectados económicamente que la población en general por la pandemia de COVID-19, y aunque tienen más riesgos médicos muchos de ellos están excluidos de la ayuda gubernamental, según han señalado economistas.
«Sólo uno de cada seis hispanos puede trabajar desde casa, comparado con uno de cada tres blancos», dijo a Efe Marie Mora, profesora de economía en la Universidad de Missouri. «Y en cuanto a los empresarios latinos, también ellos tienden a tener negocios pequeños, más vulnerables a la caída de ventas y menos capaces de obtener crédito».
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Por su parte José Manuel Fernández, profesor de economía en la Universidad de Louisville, en Kentucky, detalló que los trabajadores latinos son el 30,4 % de la fuerza laboral en la construcción; el 27,1 % en restaurantes y otros servicios de comidas; y el 27 % en hoteles y bares.
«El 18 % de quienes proveen servicios para el cuidado de la salud en el hogar son hispanos», añadió, «Ellos están en la primera línea en la atención de enfermos y ancianos. Deberíamos prestar atención a que esta gente cuente con los equipos de protección personal adecuados».
Las pérdidas de empleo desde que a comienzos de marzo empezó a sentirse el impacto de la pandemia, muestran diferencias entre grupos étnicos y raciales, entre hombres y mujeres, y por edades, que han ido acentuándose mientras crece el número de casos confirmados de COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, y la epidemia se extiende geográficamente.
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El índice general de desempleo subió de 3,5 % en febrero al 4,4 % en marzo, pero entre los hispanos saltó de 4,4 % a 6 %, según el informe más reciente del Departamento de Trabajo. En las últimas dos semanas de marzo casi 10 millones de personas solicitaron el subsidio por desempleo.
Mora matizó que las cifras oficiales de solicitudes de subsidio por desempleo cuentan sólo a quienes son capaces de presentarlas y «muchos latinos que no tienen acceso a internet no pueden hacer esa solicitud».
«Los hispanos tienden a tener empleos de baja remuneración, y es más probable que las mujeres latinas tengan empleos en servicios como los hoteles y la limpieza. Ellas están muy afectadas», señaló Mora. «Los hombres, en cambio tienden a trabajar en la construcción o el mantenimiento de áreas verdes y jardines, que son labores al aire libre menos afectadas por el requisito del distanciamiento personal».
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En este sentido, Fernández apuntó que «muchos latinos viven en áreas metropolitanas, en edificios de apartamentos, y tienden a estar en familias multigeneracionales donde quienes están expuestos al contagio no son sólo los cónyuges, sino los abuelos y los niños que viven en la misma casa».
«Los latinos tienen una mayor prevalencia de morbilidad y mortalidad, son más propensos que la población en general a sufrir diabetes y otras enfermedades crónicas y eso nos tiene preocupados», indicó Mónica García Pérez, profesora de economía en la Universidad St. Claude, en Minnesota.
«Esas son condiciones que pueden manejarse con tratamiento preventivo, pero muchos de estos trabajadores no tienen seguro médico, no tienen medios para concurrir a una consulta médica anual», añadió. «Y aún los que ya están tramitando la residencia están ahora bajo la sombra de ‘carga pública'».
El gobierno del presidente Donald Trump ha dispuesto que se pueda negar la residencia legal permanente en Estados Unidos a los inmigrantes que, por alguna razón, se conviertan en «carga pública» porque recurran a la asistencia gubernamental para la vivienda o la salud.
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