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Trump negó en secreto asistencia para vivienda a beneficiarios de DACA

El gobierno de Donald Trump aplicó, en secreto, medidas para negar la asistencia federal en la compra de viviendas a inmigrantes de DACA.
2020-06-08T15:25:18+00:00
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  • Revelan un supuesto secreto que tenía el gobierno de Trump para negar ayuda de viviendas a inmigrantes de DACA.
  • Aseguran que la Administración de Trump habría rechazado la asistencia federal en compra de viviendas para beneficiarios de DACA.
  • Denuncian que muchos beneficiarios de DACA se vieron perjudicados por la acción del gobierno de Trump sobre la compra de viviendas.

El gobierno del presidente Donald Trump aplicó, en secreto, medidas para negar la asistencia federal en la compra de viviendas a inmigrantes amparados por el programa de deportación diferida, afirmó este lunes la organización Democracy Forward.

«La decisión no reconocida e ilegal del gobierno de Trump

de negar a los beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) su derecho a obtener préstamos federales para la vivienda perjudicó a esas personas y a los prestamistas, y creó incertidumbre en el mercado de hipotecas», dijo en una declaración Robin Thurston, asesora legal de esa organización, según reportó la agencia de noticias Efe.

«Esto fue otro descarrilamiento administrativo, y otro ejemplo de lo que ocurre cuando la desconsideración del gobierno de Trump hacia los inmigrantes colisiona con su incapacidad para gobernar», añadió.

Charisma Troiano, portavoz de Democracy Forward, dijo a Efe que la organización tiene documentos y correos electrónicos que muestran cómo el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) «ha tenido esta política muy secreta para revocar la capacidad de los beneficiarios de DACA de obtener asistencia».

DACA es un programa creado por decreto del entonces presidente Barack Obama en 2012 y que dejó en suspenso la deportación de inmigrantes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran menores de edad.

Trump DACAEn 2017, el presidente Donald Trump decretó el fin del programa y las demandas de grupos defensores de los inmigrantes, y de los amparados por DACA que se llaman a sí mismos «soñadores», han llevado el asunto al Tribunal Supremo de Justicia, cuya decisión se espera para antes de fin de mes.

El senador Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, quien calificó esa política como «cruel y moralmente en bancarrota», interpelará mañana, martes, el secretario de HUD, Ben Carson.

Bajo la presidencia de Obama, los beneficiarios de DACA, un programa que ha amparado a más de 700,000 personas, tenían derecho a solicitar los préstamos de la Administración Federal de Vivienda (FHA) para la compra de su primera casa.

Los «soñadores» son gente joven entre 20 y 30 años de edad y Troiano señaló que es la edad en que la gente forma familia y busca comprar su primera vivienda con los préstamos de FHA, que ofrecen tasas de interés más bajas. Se calcula que 14 % de los «soñadores» han solicitado préstamos de FHA.

Según Troiano, los documentos obtenidos de HUD bajo la Ley de Libertad de Información muestran que Carson mismo y otros funcionarios de alta jerarquía en el HUD discutieron las restricciones desde 2018.

«Cuando se ha preguntado a los funcionarios de HUD sobre estas restricciones, ellos han negado que hubiese tal política», afirmó Troiano.

Tribunal Supremo de Justicia revisará órdenes de deportación incorrectas

El Tribunal Supremo de Justicia decidió este lunes que considerará si una orden de deportación en la cual falta información puede ser corregida con una notificación posterior, para dictaminar sobre una disputa en la cual los tribunales federales han dado fallos contradictorios.

El tribunal deberá decidir si las notificaciones enviadas por los tribunales de inmigración y conocidas como «aviso para comparecer» pueden consistir de documentos múltiples, o si han de contener toda la información requerida legalmente en un sólo documento para activar la llamada «regla de tiempo de parada» (stop-time rule).

Esa regla marca una fecha a partir de la cual se cuenta el tiempo que un inmigrante ha pasado en estados Unidos antes de recibir el aviso de comparecencia, lo cual puede determinar si el inmigrante califica para ciertas medidas que evitan o postergan la deportación.

Los inmigrantes que ya tienen orden de deportación y han acumulado 10 años de presencia física continuada en Estados Unidos pueden ser elegibles para que se cancele la deportación bajo esa regla de «tiempo de parada». Es período de presencia continuada, sin embargo, se considera terminado cuando el individuo ha recibido un aviso para comparecer.

La ley estipula que los avisos deben especificar la hora y el lugar de la audiencia.

En años recientes el Departamento de Seguridad Nacional ha entregado a los inmigrantes avisos que no especificaban la fecha, hora y lugar de la audiencia para el inicio de sus trámites de deportación.

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, en inglés) sostiene que tales notificaciones ya marcan el «tiempo de parada» y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito aceptó la interpretación de BIA.

El 21 de junio de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que una notificación de comparecencia que no contiene la hora y lugar específicos de la audiencia de deportación no es una notificación válida y no marca el «tiempo de parada».

Pero en esa instancia, los jueces no consideraron si un aviso de comparecencia remitido posteriormente con la información de fecha, lugar y hora de la audiencia, sirve como «tiempo de parada».

En los meses siguientes a esa decisión, algunos jueces de inmigración aplicaron el fallo determinando que las notificaciones incompletas no sólo no marcan el «tiempo de parada» sino que tampoco dan al tribunal de inmigración jurisdicción sobre los casos.

En agosto de 2018, sin embargo, BIA emitió una decisión sosteniendo que un aviso de comparecencia que no especifica la hora y lugar de la audiencia inicial de deportación puede cumplir los requisitos si está combinada con una nota posterior que da esa información.

Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), el Departamento de Seguridad Nacional ha emitido avisos de comparecencia con horas y fechas falsas «en un intento por cumplir con la regla».

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