14,5 millones de personas excluidas de ayudas federales por la pandemia

• Más de 14,5 millones de personas en Estados Unidos han quedado excluidas de los cheques de ayuda por la pandemia
• La razón es que algunos de los integrantes de la familia es un inmigrante indocumentado
• Los estados con más familias afectadas fueron: California, Texas, Nueva York, Illinois y Florida.

Más de 14,5 millones de personas en Estados Unidos han quedado excluidas de los cheques de ayuda por la pandemia debido a que uno de sus integrantes es un inmigrante indocumentado, según afirmó este miércoles el Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés).

En marzo pasado el Congreso aprobó un paquete de medidas por 1,23 billones de dólares, que incluyó el envío de cheques por 1.200 dólares a las personas con ingresos por debajo de los 75.000 dólares anuales, y que hubieran declarado sus impuestos en 2018 y 2019.

Para la declaración de impuestos los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes legales se identifican con su número de Seguro Social, en tanto que los inmigrantes indocumentados emplean el llamado número individual de identificación fiscal, o ITIN en inglés.

La legislación de marzo excluyó de los pagos por emergencia a las personas que usan ITIN, y a sus cónyuges si declaran los impuestos de manera conjunta, aún cuando el o la cónyuge sean ciudadanos de Estados Unidos o inmigrantes legales con residencia permanente («tarjeta verde»).

14,5 millones de personas excluidas de ayudas federales por la pandemia

Según los cálculos del MPI esta exclusión dejó sin ayuda a 9,8 millones de indocumentados, 3,7 millones de niños nacidos en estados Unidos o que son residentes legales, y a 1,7 millones de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes indocumentados cuyos cónyuges emplean el ITIN.

Los cinco estados con las poblaciones más numerosas de ciudadanos estadounidenses y residentes legales excluidos de la ayuda federal por la pandemia son: California, con 1,5 millones de personas, Texas, con 940.000, Nueva York, con 359.000, Illinois con 244.000 y el estado de la Florida con 228.000.

Si a esto se suman los inmigrantes indocumentados y los hijos de parejas en los cuales uno de los adultos declaró impuestos con el ITIN, el total de personas excluidas de la ayuda federal, según el MPI, fue de:

• 4,24 millones en California
• 2,35 millones en Texas
• 1,15 en Nueva York
• 721.000 en Illinois
• y 686.000 en Florida.

Más de 60 representantes demócratas en el Congreso de Estados Unidos han presentado un proyecto de Ley de Protección a las Familias Inmigrantes durante la pandemia que incluye la estipulación de que los contribuyentes que usen el ITIN en lugar del número de Seguro Social reciban los beneficios de cualquier legislación de respuesta a la pandemia.

Ayer los demócratas presentaron una propuesta en la Cámara de Representantes por $3 billones de dólares.

Parte de los fondos se destinaría a la ayuda directa de las familias estadounidenses, pero una de las diferencias de esta propuesta es que es inclusiva para todos los contribuyentes que declaren sus impuestos sea con número de Seguro Social o ITIN.

Aun no es una propuesta aprobada y debe llegar también al Senado para recibir el ‘visto bueno’.

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Una mujer casada con un hispano y con hijos estadounidenses demanda a Trump por no haberle enviado la correspondiente ayuda económica de $1,200 y $500 por niño.

Su nombre es Christina Segundo-Hernández, quien es ciudadana estadounidense. Sin embargo, aunque también paga sus impuestos, fue excluida del pago de estímulo económico porque está casada con un inmigrante indocumentado.

José Segundo es un mexicano, que también declara sus impuestos, pero lo hace con su Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN).

Ese pequeño detalle bastó para que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) les dejara fuera del pago, según lo que establece la Ley CARES.

En el caso de la familia Segundo, dejaron de recibir los $1,200 dólares de la madre y los $500 dólares por cada hijo.

Christina Segundo-Hernández no es la única. Ella forma parte de una demanda colectiva, junto a los casos como los de Ivania Amador, Ángel Burgos Jiménez, Juana Rueda, Jonah Elijah y Bradley Harmon.

El Fondo Educativo y de Defensa Legal mexicano-estadounidense, quien presentó la demanda federal en nombre de estas familias, alega que se trata de discriminación por ser una familia mixta.

Mundo Hispánico contactó a Christina Segundo-Hernández, quien nos contó su historia.

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Christina, también de ascendencia hispana, y José Segundo son pareja desde hace unos 10 años y ya llevan 6 años de casados.

Son una de las familias estadounidenses que se han visto afectados por el coronavirus, ya que sus horas de trabajo se han visto reducidas y así también los ingresos familiares.

«El trabaja en construcción y le bajaron, él siempre trabaja como 50 horas regular y ahora está trabajando como unas 25-30 horas por semana; y yo también, trabajo un Part-Time y ahora solo estoy trabajando 2 horas por días más o menos», contó Segundo.

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«Cuando supe, me puse en internet a investigar sobre esto y encontré a familias igual… dije vamos a hacer un grupo para platicar entre nosotros y como de 25 familias hicieron un grupo, ahí empezó la plática y llego más gente y más gente y más gente y ahora somos más de 12,000 familias en ese grupo de Facebook», explicó sobre cómo empezó este proceso.

Posteriormente, la residente de Fort Worth, Texas, creó una recaudación de fondos a través de Facebook para poder costear el pago de abogados.

«Somos un grupo de familias de estado mixto que han sido rechazadas por nuestro propio gobierno en medio de la pandemia COVID-19. Hemos sido excluidos por el gobierno para recibir ayuda de los cheques de estímulo debido solo a con quién estamos casados.», explicó en su publicación.

Hasta los momentos han recibido 327 donaciones y ya han recaudado más de $7,000 dólares, lo que les permitió avanzar en su demanda ante el gobierno.

Presentaron entonces una «Class Action Lawsuit» (demanda colectiva) por discriminación con base en el matrimonio.

Christina Segundo-Hernández también ha tenido la oportunidad de hablar y exponer su caso en el Congreso y con Nancy Pelosi; y espera que esto pueda tener un efecto positivo que ayude a las familias que están pasando por una difícil situación económica.

Según los abogados, el Gobierno ha calificado a estas familias de forma diferente al resto de los estadounidenses y argumentan que “discriminan intencionalmente” a las familias mixtas. Estos termina resultando en una violación de la Primera Enmienda de la Constitución y el debido proceso.

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