Los abogados del Chapo apelan in extremis contra su cadena perpetua
- Chapo apela cadena perpetua. Los abogados de Joaquín Guzmán Loera presentaron anoche la apelación contra la sentencia de 2019
- Los juristas presentaron la apelación a falta de media hora para que se agotara el plazo
- Su equipo legal sostiene que hubo irregularidades en su extradición desde México
Chapo apela cadena perpetua.
Los abogados de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, quien fue uno de los hombres más buscados por el Gobierno de EE.UU por narcotráfico, presentaron anoche, a falta de media hora para que se agotara el plazo, la apelación contra sentencia a cadena perpetua que fue dictada contra el narco el pasado 17 de julio de 2019.
El documento de la apelación, registrado por el abogado Marc Fernich y cuya mayor parte se mantendrá sellada hasta que las autoridades decidan hacerlo público, asegura en su presentación que durante el juicio conducido por el juez Brian Cogan se produjeron diez errores legales.
Su equipo legal sostiene que hubo irregularidades en su extradición desde México, que las duras condiciones de confinamiento antes del juicio obstaculizaron la preparación de su defensa o que se permitió a los fiscales presentar excesivas pruebas gráficas sobre los supuestos 26 asesinatos en los que estuvo involucrado El Chapo y por los que no estaba siendo juzgado, lo que, argumentan, predispuso a los miembros del tribunal en su contra.
Además, entre otras alegaciones, aseguran que durante la investigación se recolectaron pruebas, conversaciones telefónicas y mensajes de texto del acusado de manera ilegal.
Asimismo, la defensa del mexicano vuelve a insistir en que algunos miembros del jurado supuestamente no cumplieron su promesa de no seguir el juicio a través de la cobertura mediática. Se basan para ello en una entrevista en el medio «Vice» que concedió bajo anonimato uno de los componentes del jurado tras la conclusión del juicio.
Los togados del narcotraficante ya intentaron sin éxito el año pasado que se repitiera el proceso enarbolando este último argumento.
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Finalmente, solicitan que otro juez investigue si los fiscales y el juez se involucraron en comunicaciones secretas indebidas.
La defensa del mexicano, exlíder del Cartel de Sinaloa, acudió a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York al filo de la media noche y en el último día que tenía para impugnar la condena que le impuso el juez Brian Cogan tras un juicio celebrado bajo estrictas medidas de seguridad en la corte federal del distrito Este de Nueva York.
El pasado 13 de agosto la defensa solicitó ampliar el plazo de entrega de los documentos dos semanas para presentar los documentos de la apelación contra lo que consideran un juicio injusto, después de que El Chapo fuera encontrado culpable de enviar toneladas de drogas a EE.UU., de mantener una empresa criminal continuada y cargos por armas de fuego.
El propio Guzmán Loera, conocido como «el Rápido» por la forma en que distribuía la droga, denunció antes de conocer la sentencia supuestos malos tratos en la prisión federal de Manhattan, donde estuvo dos años.
El mexicano afrontó un proceso judicial de tres meses en el que se escuchó a 56 testigos, entre ellos antiguos socios y empleados, y tras seis días de deliberaciones el jurado le halló culpable el 12 de febrero de 2019.
Una vez que el juez dictó la condena, El Chapo fue enviado a la prisión de alta seguridad en Colorado conocida como el Alcatraz de las Rocosas o «Supermax», de donde nadie ha podido escapar, y durante el último año se ha dedicado a trabajar en su apelación junto a sus abogados.
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Esta prisión, cuyo nombre oficial es Administrative Maximum Facility (ADX) y abrió sus puertas en 1994, está considerada como una de las más seguras del mundo y está destinada a albergar a los reos más peligrosos y otros que representen una amenaza para la seguridad nacional.
Sus celdas son paredes de cemento y a prueba de sonido para evitar la comunicación con otros reos, algunas no tienen ventanas y los reclusos pasan 23 horas en solitario, con contacto mínimo con el personal de la prisión. Las tuberías de las unidades en que está dividida la prisión no transmiten sonidos.
ICE fustiga a Los Ángeles por no entregarle indocumentados convictos
Las autoridades federales de inmigración culparon este viernes a la “política santuario” de Los Ángeles por no la falta de cooperación de las autoridades locales en la entrega de indocumentados condenados por delitos, a pesar de haber presentado las solicitudes correspondientes.
Según informó en conferencia telefónica Dave Marin, director de Operaciones de Cumplimiento y Remoción del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles, la agencia arrestó cerca de 300 personas entre mediados de julio y mediados de agosto. Del total de arrestados, cerca de 30 % “eran criminales extranjeros con órdenes de retención previas que no se cumplieron”, señaló.
El representante del ICE criticó a las autoridades de Los Ángeles por no respetar los denominados “detainers”, en los que las autoridades de inmigración solicitan que se les informe cuando se va a dejar en libertad a alguien que tiene una orden de deportación u otro caso pendiente con inmigración, para poderlo arrestar.
“Hubiéramos podido tener a estos 100 antes, cuando las fuerzas locales de control de la ley los tenían en custodia”, dijo Marín. “Sin embargo las autoridades locales no nos los remitieron y los soltaron en las comunidades”.
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Al menos 100 de los arrestados durante el mes de la operación han sido devueltos a sus 22 países de origen mientras hay “otros 19 que están pendientes de deportación”, señaló Marin.
El funcionario destacó que no hubo reportes de resistencia de las comunidades donde se realizaron los arrestos y que el ICE se centró en capturar personas que habían sido arrestadas y acusadas o condenadas de delitos graves como asalto, violencia doméstica, homicidio, robo y hurto de identidad, entre otros. “El público quiere a estas personas fuera de las comunidades de manera que no puedan causar más víctimas”, argumentó.
Hasta el momento, no se conoce ninguna respuesta oficial por parte de las agencias de control de la ley de Los Ángeles.
El martes, la junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, de acuerdo con el alguacil Alex Villanueva, aprobó prohibir permanentemente la colaboración con autoridades del ICE para entregar detenidos mientras no exista una orden judicial.
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