Golpe en el Departamento de Justicia: Trump despide a funcionarios que lo investigaron y lanza ofensiva contra fiscales del 6E

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha protagonizado una nueva polémica al despedir a funcionarios que, según “The Washington Post”, participaron en las investigaciones contra Donald Trump.
Los mismos se refieren al caso por la supuesta retención de documentos clasificados y por sus esfuerzos de revertir la derrota electoral de 2020.
“Es coherente con la misión de acabar con la politización del Ejecutivo”, reza el comunicado donde se justifica la decisión de apartar a varios empleados que, según se indica, tuvieron un rol significativo en las acusaciones contra el exmandatario.
El fiscal general interino, James McHenry, insiste en que no puede confiar en que esos funcionarios “ayuden a implementar fielmente” la agenda del nuevo presidente, lo cual desencadenó su despido de forma inmediata.
Trump endurece medidas: despidos e investigación sacuden el Departamento de Justicia

“Dado su papel significativo en el enjuiciamiento del presidente, no creo que el liderazgo del Departamento pueda confiar en ustedes para ayudar a implementar fielmente su agenda”, subraya McHenry en una carta filtrada por medios estadounidenses.
La acción se produce mientras, según la CNN, el mismo Departamento de Justicia ha puesto en marcha una “investigación” paralela sobre los fiscales que dirigieron los cargos contra acusados del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Edward Martin, fiscal interino para el Distrito de Columbia y afín a la postura de Trump, ha solicitado “toda la información” relacionada con el uso de cargos de obstrucción (según el Código de Estados Unidos 1512(c) para desentrañar por qué se desestimaron tras la controvertida decisión de la Corte Suprema.
“El buen funcionamiento del gobierno depende críticamente de la confianza que los funcionarios superiores depositan en sus subordinados”, recalca Martin en un memorando.
Justificando su interés por revisar correos electrónicos, archivos y notas de quienes participaron en aquellos procesos.
Estas medidas se dan a conocer en un clima enrarecido, cuando el departamento vive reestructuraciones internas tras la llegada al poder del nuevo gobierno.
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Ya que los juicios contra Trump por presuntos intentos de anular la elección de 2020 también fueron dejados sin efecto por las directrices que impiden procesar a un mandatario en ejercicio.
El exfiscal general Merrick Garland había nombrado en 2022 a Jack Smith como fiscal especial para llevar el caso contra Trump, quien acabó imputado en dos procesos, aunque Smith los dio por concluidos tras la victoria electoral del líder republicano.
“Trump acabó imputado en los dos casos, pero Smith dio los casos por terminados después de que el líder republicano ganara las elecciones de noviembre, acogiéndose a directrices que prohíben procesar a un mandatario en ejercicio”, recuerda “The Washington Post”.
Para algunos observadores, estos despidos y la nueva “investigación” sobre los fiscales del 6 de enero marcan el inicio de lo que muchos temen podría ser un “ajuste de cuentas político” por parte de la Administración Trump.
Varios de los letrados que participaron en las acusaciones se han reincorporado al Departamento de Justicia como funcionarios de carrera, protegidos legalmente contra despidos arbitrarios, lo que añadirá complejidad a cualquier futura acción disciplinaria.
Los movimientos han levantado alarmas en la comunidad jurídica, dado que la independencia de los fiscales se considera un pilar fundamental para garantizar la justicia y evitar injerencias con fines partidistas.
Funcionarios denuncian ‘despilfarro’ y temen represalias en la nueva pesquisa

“Es un enorme desperdicio de recursos”, se queja un alto funcionario anónimo que critica esta pesquisa interna, aludiendo a la posibilidad de que los fiscales sean objeto de represalias políticas por haber llevado adelante los casos de obstrucción contra seguidores de Trump.
La investigación de Martin, descrita como un “proyecto especial”, genera temores de que los empleados puedan enfrentarse a cargos penales o civiles, según indicó a la CNN una fuente cercana a los fiscales involucrados.
Lo que los habría forzado a algunos a buscar asesoría legal propia.
El fiscal interino también ha alabado los indultos masivos concedidos a los acusados del 6 de enero y presionó para anular las restricciones de viaje impuestas a miembros de grupos como Oath Keepers, tras su liberación con sentencias conmutadas.
“Las personas a las que se hace referencia en nuestra moción han visto conmutadas sus sentencias, punto, fin de la sentencia”, escribió Martin en una declaración oficial, en la que cuestionó el que se les prohibiera la entrada a la capital de la nación.
Algunos expertos insisten en que todo esto pone de relieve un dilema:
¿es lícito que un gobierno en funciones aplique su propia justicia con el objetivo de perseguir o exonerar a particulares relacionados con polémicas pasadas?
El panorama pinta cada vez más turbio en el Departamento de Justicia, donde se libra un pulso entre quienes acusan de “politización” a la administración anterior y quienes ahora, a través de despidos y proyectos especiales, prometen erradicar cualquier huella de deslealtad hacia Trump.
“The Washington Post”, por su parte, asegura que no se ha divulgado el número exacto de los funcionarios despedidos, pero subraya que los afectados desempeñaban “un rol significativo en las acusaciones lanzadas contra Trump”.
La cadena CNN concluye que, con esta “investigación” a los fiscales del 6 de enero, se abre un nuevo capítulo de tensión en la capital, pues muchos temen un uso partidista del Departamento de Justicia para ajustar cuentas con críticos o adversarios políticos.
Esta noticia, que emerge justo al inicio del nuevo mandato de Trump, siembra dudas acerca del futuro de las investigaciones de alto perfil y de la propia independencia judicial de un país que históricamente ha basado su democracia en la separación de poderes.
FUENTE: EFE / CNN
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