Trump busca expulsar a inmigrantes con antecedentes penales a Ruanda y Libia
- Trump busca expulsar a inmigrantes
- Ruanda y Libia considerados destinos
- Críticas por violar derechos humanos
La administración del expresidente Donald Trump ha iniciado conversaciones con gobiernos africanos para deportar a inmigrantes con antecedentes penales.
Según reportes de medios estadounidenses, Ruanda y Libia son los países con los que se han entablado las negociaciones más avanzadas.
La propuesta contempla trasladar a personas detenidas en Estados Unidos y con historial criminal, sin importar su nacionalidad original.
El objetivo es utilizar estos países como destinos alternativos para facilitar expulsiones sin precedentes.
Trump plantea enviar migrantes a África
Ruanda habría recibido con “entusiasmo” la lista preliminar de nombres enviada por funcionarios estadounidenses, según informó ‘The Washington Post’.
En paralelo, Libia también figura entre las naciones con las que Washington busca sellar un acuerdo similar.
La Casa Blanca pretende formalizar con el gobierno libio un tratado de “tercer país seguro”.
Este acuerdo permitiría que solicitantes de asilo detenidos en la frontera estadounidense sean enviados a territorio libio.
La medida forma parte de una orden ejecutiva firmada por Trump a inicios de año para agilizar expulsiones mediante convenios internacionales.
Además, la orden busca facilitar el envío de personas con antecedentes penales o solicitudes de asilo en trámite a naciones dispuestas a recibirlos.
Entre los países que ya han colaborado con este plan están El Salvador, Costa Rica, Panamá y México.
Sin embargo, la posibilidad de usar países africanos marca un nuevo nivel de agresividad en la estrategia migratoria de Trump.
El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó con claridad la postura del gobierno en una reciente reunión del gabinete.
“Queremos enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables”, declaró, refiriéndose a los migrantes con historial criminal.
Rubio calificó esta cooperación internacional como “un favor” a Estados Unidos y añadió: “Cuanto más lejos de EE.UU., mejor”.
Los comentarios han sido interpretados como un refuerzo del discurso duro que ha caracterizado al expresidente desde su primera campaña.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han levantado la voz ante las implicaciones legales y morales de estos acuerdos.
Expertos advierten que enviar personas a países como Libia, que enfrentan conflictos internos y condiciones carcelarias extremas, podría violar tratados internacionales.
Las negociaciones también han despertado preocupación en sectores diplomáticos por la imagen exterior de Estados Unidos.
Ruanda, por su parte, ha sido señalada en el pasado por recibir migrantes enviados desde Europa a cambio de ayuda económica.
El modelo de reubicación migratoria ha generado polémica global, con críticas centradas en la deshumanización de los solicitantes de asilo.
La administración Trump ya ha enfrentado demandas por prácticas similares, incluyendo deportaciones sumarias sin proceso judicial.
Un caso reciente involucró el traslado de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una prisión en El Salvador.
La cárcel, conocida por denuncias de violaciones a los derechos humanos, fue el destino de estas personas sin audiencia previa.
El gobierno utilizó una antigua ley como fundamento para estas expulsiones aceleradas, lo que desató acciones legales en cortes federales.
Grupos como la ACLU y Human Rights Watch han condenado estos actos como inconstitucionales y contrarios al derecho internacional.
Analistas señalan que esta política se alinea con la promesa de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas y fomentar la autodeportación.
El uso de países africanos, geográficamente distantes y con limitadas garantías de seguridad jurídica, agrava las preocupaciones de la comunidad internacional.
Aunque aún no se han firmado acuerdos definitivos con Libia o Ruanda, el solo hecho de entablar estas conversaciones genera controversia.
Desde la oposición, se ha cuestionado el carácter “selectivo y punitivo” de la estrategia, que prioriza el castigo sobre los derechos humanos.
Trump ha defendido su postura argumentando que se trata de proteger la seguridad nacional y evitar la reincidencia criminal.
Sin embargo, críticos sostienen que la iniciativa convierte a los migrantes en moneda de cambio geopolítico, según ‘EFE’ y ‘CNN‘.
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