Arrestan a 12 trabajadores indocumentados en salón de uñas de Marietta, Georgia

• Política migratoria severa:  Redada en salón de uñas
• Doce migrantes fueron detenidos
• Aumenta presión migratoria en Georgia

Doce trabajadores indocumentados fueron detenidos esta semana durante una redada en un salón de uñas de Marietta, en el área metropolitana de Atlanta.

La operación, liderada por agentes federales, refleja el endurecimiento de la política migratoria impulsada por Donald Trump en su segundo mandato, con Georgia convertida en uno de los principales focos de acción.

Política migratoria en el centro del debate

🚨 HSI Atlanta agents arrested 12 illegal aliens found working unlawfully at a local nail salon. Hiring illegal aliens is a federal crime that undermines fair labor, exploits the vulnerable, and threatens public safety. Employers will be held accountable. pic.twitter.com/KJmiSDUGBx

— HSI Atlanta (@HSIAtlanta) June 4, 2025

Lo que pasó:

Un operativo federal realizado esta semana en un salón de uñas del área metropolitana de Atlanta resultó en la detención de 12 inmigrantes indocumentados, quienes presuntamente trabajaban sin autorización legal en Estados Unidos.

Las acciones forman parte de una ofensiva más amplia impulsada por las políticas migratorias del expresidente Donald Trump durante su segundo mandato.

Dónde ocurrió:

Los arrestos se llevaron a cabo en el salón Luxx Nail Lounge, ubicado en el 2769 Chastain Meadows Parkway NW, en la ciudad de Marietta, Georgia.

La operación estuvo a cargo de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Lo que dicen las autoridades

En un comunicado oficial, HSI Atlanta justificó el operativo señalando el impacto social y legal de este tipo de contrataciones:

“Contratar a extranjeros ilegales es un crimen federal que socava la justicia laboral, explota a los vulnerables y pone en riesgo la seguridad pública. Los empleadores serán responsables”, indicó la agencia.

Hasta ahora, no se ha confirmado si las autoridades locales participaron en la redada, ni si los propietarios del negocio enfrentarán consecuencias legales por la contratación de personas sin estatus migratorio regular.

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Contexto político: Georgia en la mira

Este caso se enmarca en un panorama más amplio de represión migratoria a nivel estatal y federal, fuertemente reforzada bajo la administración Trump.

En enero de este año, el expresidente firmó la Ley Laken Riley, que exige la detención y eventual deportación de no ciudadanos acusados de delitos como robo o agresión, incluso antes de que sean condenados.

Además, la ley otorga a los fiscales generales estatales el derecho a demandar al gobierno federal por supuestos fallos en la aplicación de la ley migratoria.

“Ciudades santuario” bajo presión

El DHS identificó varias jurisdicciones de Georgia —incluyendo Atlanta, Athens-Clarke, DeKalb, Douglas y Fulton— como “santuarios” por no cooperar plenamente con las autoridades federales de inmigración.

Aunque esas zonas fueron amenazadas con perder fondos federales, la lista fue retirada del sitio web del DHS tras quejas de autoridades locales sobre su veracidad.

En respuesta a estas tensiones, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, ordenó que los 1,100 oficiales del Departamento de Seguridad Pública se integraran al programa 287(g), el cual permite a los agentes estatales hacer cumplir ciertas leyes migratorias.

Las protestas en Georgia no se hacen esperar

Organizaciones proinmigrantes y ciudadanos han respondido con manifestaciones.

En febrero, más de 1,000 personas marcharon por Buford Highway en Atlanta, rechazando las medidas y exigiendo respeto por los derechos de los inmigrantes.

Visión general: una ofensiva sin precedentes

Entre las medidas más radicales de esta política se encuentra la Orden Ejecutiva 14159, titulada «Protegiendo al Pueblo Estadounidense contra la Invasión», que amplía las deportaciones aceleradas y recorta fondos a ciudades que limiten su colaboración con ICE.

También se invocó la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 para deportar a presuntos pandilleros, trasladando a más de 100 personas a una prisión en El Salvador.

Sin embargo, un juez federal determinó que los detenidos deben poder apelar sus deportaciones.

En paralelo, el DHS lanzó un programa de salida voluntaria que ofrece $1,000 y apoyo para regresar a los países de origen.

Además, se han evaluado deportaciones a terceros países, aunque estas se encuentran bajo revisión judicial.

Lo que viene

Mientras continúan los operativos y se intensifica el debate sobre el papel de las autoridades locales en la política migratoria, comunidades inmigrantes en Georgia enfrentan un clima creciente de incertidumbre.

Las medidas, lejos de resolverse en los tribunales o en el Congreso, siguen generando divisiones entre quienes piden mano dura y quienes defienden una reforma migratoria con enfoque humanitario.

¿Crees que estas redadas mejoran la seguridad o afectan injustamente a quienes solo buscan trabajar y vivir con dignidad?

FUENTE: FOX 5