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Pedirán pena de muerte para policía acusado de matar a 4 mexicanos en Nueva York

La Fiscalía federal del distrito sur de Nueva York pedirá la pena de muerte para un expolicía acusado por el asesinato de cuatro trabajadores mexicanos.
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La Fiscalía federal del distrito sur de Nueva York pedirá la pena de muerte para un expolicía acusado por el asesinato de cuatro trabajadores mexicanos por un asunto relacionado con drogas, informaron medios locales.

En el año 2016, Nicholas Tartaglione fue arrestado y acusado por el cuádruple asesinato de Martin Luna, Urbano Santiago, Miguel Luna y Héctor Gutiérrez, quienes habían desaparecido de la localidad de Chester, en el estado de Nueva York.

También fue acusado de conspirar para distribuir droga.

Tartaglione, quien se retiró de la policía estatal en el año 2008 y quien está preso desde su arresto, se podría enfrentar a la pena de muerte si es declarado culpable.

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La Policía estatal y el FBI encontraron los cuatro cuerpos en una propiedad vinculada a Tartaglione, quien presuntamente había participado con los cuatros individuos en una conspiración para vender drogas entre junio de 2015 y abril de 2016.

Los cuatro mexicanos fueron vistos por última vez el 11 de abril de 2016 dentro de un automóvil en el estacionamiento de un centro comercial en la localidad de Otisville, en el condado de Orange, al norte de Nueva York, y sus cuerpos fueron hallados en diciembre de ese año.

La identidad de las víctimas fue confirmada luego por pruebas de ADN que ejecutaron las autoridades.

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De acuerdo con documentos sometidos a la corte por la Fiscalía, Tartaglione creía que Luna le había robado dinero de la venta de la droga y lo citó en un bar que regentaba.

En aquel momento, Luna acudió a la cita acompañado por las otras víctimas.

Esta es la segunda vez que la Fiscalía federal de Manhattan pide la pena de muerte, después de que hiciera lo mismo con Sayfullo Saipov, acusado por el atropello y muerte de ocho personas y más de una decena de heridos en Nueva York el 31 de diciembre de 2017.

El abogado de Tartaglione, Bruce Barket, citado por el diario New Day, dijo estar «consternado» por la decisión de la Fiscalía.

«Es inexplicable, innecesario, injusto», afirmó Barket, según reseñó Efe.

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Dos hispanos se salvan de la pena de muerte

Mientras en Nueva York se buscará la pena de muerte para un acusado, en California se salvaron dos hispanos y otros reclusos de recibir la inyección letal luego de que el gobernador suspendiera las ejecuciones.

Un grupo de 25 condenados a la pena de muerte, del total de 737 que esperaban la ejecución de su sentencia, son los primeros beneficiados con la moratoria establecida esta semana por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

Tras haber agotado sus instancias legales de apelación o peticiones de clemencia, estos condenados hubiesen sido los próximos en ser ejecutados cuando, como se esperaba, fuese aprobado un nuevo protocolo para utilizar la inyección letal, suspendida desde 2006 a causa de una querella legal.

“Estos 25 condenados a pena de muerte ya no tenían recursos legales para tratar de revocar la decisión o dilatar su aplicación”, explicó a Efe Albert Gómez, experto en derecho criminal del sur de California.

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Como relató Gómez, la condena a pena de muerte en California genera inmediatamente una apelación ante la Corte Suprema del estado y de ser mantenido el veredicto, el caso se puede apelar ante la Corte Suprema de EE.UU.

Igualmente, los recursos de “hábeas corpus” permiten a la defensa alegar errores o ilegalidades durante la detención, o abuso contra los derechos del acusado, y existe además la opción de solicitar “clemencia ejecutiva” al gobernador, quien puede suspender la ejecución aunque “es una posibilidad muy inusual”, como dijo el experto.

Alegando, entre otros aspectos, que la pena de muerte discrimina a los enfermos mentales, a las personas de color y a aquellos que no pueden pagar “una representación legal costosa”, Newsom anunció el miércoles de la semana pasada una suspensión de las ejecuciones, y con su decisión puso a California junto a Colorado, Oregón y Pensilvania como los estados del país en establecer una moratoria.

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Entre los 25 que se hallaban en el corredor de la muerte esperando una fecha para su ejecución figuran asesinos en serie y condenados por múltiples asesinatos, como los hermanos hispanos Ronaldo Ayala, de 66 años, y Héctor Ayala, de 65.

Ambos habían sido condenados en 1989 por el asesinato de tres personas y por disparar a una cuarta durante el asalto a un taller utilizado para distribuir heroína. Los hermanos Ayala, que llevan 30 y 29 años, respectivamente, en el corredor de la muerte, figuran como vinculados a La Mafia Mexicana, un grupo criminal que opera en las cárceles.

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