Ley HB10: Impacto en delitos y migrantes

La ley HB10 entrará en vigor el próximo 1 de diciembre en Carolina del Norte

Esta ley obligará a las cárceles del estado a cooperar con el ICE para verificar el estatus migratorio de personas arrestadas por ciertos delitos.

A partir de diciembre, los delitos que activarán la HB10 incluyen homicidio, secuestro y tráfico de drogas.

Las cárceles del estado deberán colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para cumplir con esta norma.

El Senado estatal anula el veto y asegura la aprobación de la Ley HB10

El 20 de noviembre, el Senado estatal votó a favor de anular el veto del gobernador Roy Cooper.

Con 30 votos a favor y 19 en contra, el Senado aseguró que la ley HB10 entre en vigor.

El día anterior, la Cámara de Representantes estatal también aprobó anular el veto con 72 votos a favor y 44 en contra.

La ‘supermayoría’ republicana en ambas cámaras fue clave para la aprobación.

La HB10 también redirige $554 millones en fondos públicos hacia vales para escuelas privadas.

Los delitos que activarán la HB10 abarcan crímenes graves como homicidio, violación y tráfico de drogas.

También incluye agresiones y violaciones a órdenes de protección.

En caso de arresto por estos delitos, las cárceles deberán verificar el estatus migratorio del detenido.

La verificación se realizará mediante documentos o investigación directa del sospechoso.

Si no se puede probar residencia legal, se deberá consultar al ICE.

Si el ICE determina que la persona es indocumentada, emitirá una orden de detención.

El detenido podrá permanecer hasta 48 horas en la cárcel mientras espera a ser transferido a custodia federal.

Diversas organizaciones han condenado la ley por su impacto en la comunidad migrante.

El Pueblo y El Centro Hispano consideran que la ley es antiinmigrante.

La Red de Migrantes de Carolina alerta sobre un clima de miedo e inseguridad en las comunidades inmigrantes.

Stefanía Arteaga, de Carolina Migrant Network, señaló que afecta la confianza entre las familias inmigrantes y las instituciones públicas.

La HB10 convierte a las agencias locales en ejecutoras de las leyes de inmigración, afirmó Arteaga.