Juez inicia proceso contra Gobierno de Trump para enviar migrantes a megacárcel en El Salvador
- ¿Por qué desafió Trump la orden?
- Migrantes venezolanos en megacárcel
- Gobierno podría ser declarado en desacato
Un juez federal dio inicio este miércoles a un proceso que podría poner en aprietos al presidente Donald Trump.
Esto se debe a que su Gobierno ignoró una orden judicial relacionada con el manejo de migrantes.
La polémica crece tras revelarse que más de 200 personas, en su mayoría venezolanas, fueron enviadas a una megacárcel en El Salvador.
De acuerdo con los primeros informes, esta acción viola directamente una instrucción emitida por una corte federal.
Juez inicia proceso contra Trump
Un juez federal de EE.UU. encuentra causa probable para declarar al gobierno de Donald Trump (@POTUS) en desacato judicial, por violar su orden de detener las deportaciones de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros pic.twitter.com/xXmHWCYCLI
— adn40 (@adn40) April 16, 2025
El juez encargado del caso busca determinar si el Ejecutivo de Trump incurrió en desacato, según Efe.
El traslado masivo de migrantes a la prisión salvadoreña ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Según defensores, muchos de los afectados no contaban con antecedentes penales ni procesos judiciales pendientes.
Además, algunos tenían peticiones de asilo activado en Estados Unidos. Las condiciones dentro de la megacárcel han sido descritas como extremas, lo que intensifica el cuestionamiento hacia esta decisión.
Ignorado con «completo menosprecio»
En una decisión de más de 40 páginas, el magistrado James Boasberg acusa al Ejecutivo de haber ignorado con «completo menosprecio» una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
«La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», escribió.
Permitir al Gobierno «anular» los fallos de las cortes, agregó Boasberg, «convertiría en una burla solemne a la propia Constitución».
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
¿TRUMP EN PROBLEMAS?
Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador. Desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EE.UU. y El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una «desaparición forzada».
La Administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13. Calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Para enviar a algunos migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
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