Juez de Texas prohíbe temporalmente a EEUU invocar la Ley de Enemigos Extranjeros
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Un juez federal en Texas emitió una orden de restricción temporal que impide al gobierno de Estados Unidos aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a ciudadanos venezolanos detenidos.
La decisión responde a una demanda interpuesta por organizaciones de derechos civiles que buscan frenar la deportación de cinco hombres acusados por el gobierno de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.
Los abogados defensores cuestionan la veracidad de esta acusación y aseguran que se basa en criterios físicos poco confiables como tatuajes, vestimenta y símbolos.
Fue la American Civil Liberties Union (ACLU) quién denunció que se utilizó una “Guía de Validación de Enemigos Extranjeros”.
Juez frena el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros
Se realizó para etiquetar a los hombres como pandilleros, una herramienta que, según expertos, carece de rigor y objetividad.
Uno de los demandantes en Texas es VIH positivo y teme que su salud se deteriore si es deportado sin garantías de acceso a tratamiento médico.
El juez Fernando Rodríguez Jr. firmó la orden en Texas, mientras que en Nueva York, el juez Alvin K. Hellerstein anticipó que firmaría una medida similar en un caso paralelo.
Ambos procesos judiciales buscan frenar la aplicación de una ley que data del siglo XVIII y que otorga al presidente poderes excepcionales para deportar a no ciudadanos en tiempos de guerra.
Esta legislación, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, ha sido usada en contadas ocasiones, incluyendo durante la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.
En Nueva York, dos venezolanos detenidos por inmigración en una cárcel al norte de la ciudad también enfrentan la amenaza de deportación bajo esta ley.
La audiencia para decidir si se convierte en una medida cautelar permanente se realizará el próximo 22 de abril.
Las organizaciones civiles argumentan que EEUU no está en guerra con Venezuela, por lo que no existe fundamento legal para aplicar esta ley contra ciudadanos venezolanos.
Pese a ello, la administración del expresidente Donald Trump impulsó su uso alegando que el país está siendo “invadido” por miembros de la pandilla Tren de Aragua.
Todd Lyons, director interino de ICE, informó que el gobierno pretende extender la aplicación de la ley a presuntos miembros de la MS-13, una pandilla salvadoreña.
Según datos presentados por las organizaciones demandantes, más de 100 personas ya han sido deportadas sin la posibilidad de presentar una defensa ante los tribunales.
Algunas de estas personas fueron trasladadas directamente a una prisión en El Salvador con condiciones denunciadas como inhumanas.
La Corte Suprema permitió recientemente que la administración Trump continúe utilizando esta herramienta legal, pero también ordenó que se garantice el derecho de los deportados a impugnar su expulsión.
El alto tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley, por lo que la ACLU solicitó al juez Rodríguez que la declare ilegal.
“Estamos ante un uso alarmante de una ley obsoleta con implicaciones peligrosas para los derechos civiles”, señaló un abogado de la organización.
Los abogados buscan además que el caso se declare como demanda colectiva, para que la decisión pueda proteger a más personas en circunstancias similares.
La situación ha generado preocupación entre activistas y defensores de inmigrantes, quienes ven en esta acción un precedente preocupante para el futuro.
Mientras tanto, los detenidos permanecen bajo custodia a la espera de una resolución judicial que determine su destino legal en territorio estadounidense.
La tensión en torno a este caso crece mientras se acerca la audiencia clave en Nueva York, donde se espera que se definan los próximos pasos del proceso.
El debate sobre el uso de leyes de guerra en el contexto migratorio ha reabierto heridas históricas y plantea serias dudas sobre los límites del poder presidencial, apuntó el medio de ‘KOAT‘.
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