Inmigrante y papá de María González la niña hispana asesinada estuvo a punto de ser deportado a Guatemala
- Papá de María González pudo ser deportado.
- Resurge el caso de la niña hispana.
- Autoridades intervienen inesperadamente.
El padre de María Gómez, la niña hispana asesinada en Houston, estuvo a punto de ser deportado a Guatemala a pesar de ser una víctima clave en la investigación del crimen.
Carmelo González, de origen guatemalteco, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el 4 de febrero y trasladado a un centro de detención en el condado de Montgomery.
Su arresto estuvo relacionado con una detención previa por conducir en estado de ebriedad el 26 de enero, un delito menor por el cual obtuvo libertad bajo fianza.
Sin embargo, al ser un inmigrante indocumentado, ICE lo retuvo bajo el argumento de que había cometido una violación migratoria y programó su deportación.
Intercedieron para que inmigrante no fuera deportado
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Las autoridades lo subieron a un avión con destino a Guatemala, pero fue bajado minutos antes del despegue.
El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, intervino para evitar su expulsión.
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Argumentando que era una víctima de un crimen violento y su testimonio era esencial para la investigación.
«Al Sr. Carmelo González se le debe permitir ser la voz de su hija María. Pensar que esta oportunidad casi se pierde es horrible», declaró el fiscal.
Teare explicó que la detención y casi deportación de González pusieron en riesgo la justicia para su hija, quien fue brutalmente asesinada.
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris también manifestó su preocupación sobre el impacto de la deportación de víctimas y testigos clave en la lucha contra el crimen.
«No podemos hacer nuestro trabajo con eficacia cuando comunidades enteras son empujadas a las sombras», declaró Courtney Fischer, jefa de comunicaciones de la oficina del fiscal.
Además, señaló dichas comunidades como «desplazadas o deportadas sin ninguna consideración del impacto que tendrá en otras familias».
Caso de Carmelo González generó indignación
El caso de Carmelo González generó indignación entre defensores de los derechos de los inmigrantes.
Quienes denunciaron la falta de protección a personas en proceso de solicitud de visa U.
Esta visa es un estatus especial para víctimas de delitos que han sufrido abuso físico y mental y que colaboran en investigaciones criminales.
A pesar de su situación, González fue tratado como cualquier otro inmigrante indocumentado y estuvo a segundos de ser enviado a su país de origen.
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El asesinato de su hija, María Elena González, conmocionó a la comunidad de Houston y puso en evidencia los riesgos que enfrentan los inmigrantes en situaciones vulnerables.
Hasta ahora, el único acusado del crimen es Juan Carlos García-Rodríguez, un joven de 18 años detenido en una cárcel de Houston bajo cargos de asesinato con posibilidad de pena capital.
El sospechoso era vecino en el complejo de apartamentos donde María Elena vivía con su padre y fue arrestado semanas después del crimen.
Las autoridades continúan reuniendo evidencia para fortalecer el caso contra García-Rodríguez y asegurarse de que la familia de la víctima obtenga justicia.
El caso de Carmelo González pone en evidencia la compleja intersección entre el sistema migratorio y el sistema de justicia penal en Estados Unidos.
Activistas y líderes comunitarios han pedido mayor protección para inmigrantes que son víctimas de delitos y que, como González, corren el riesgo de ser deportados antes de que se haga justicia.
El caso también ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar las políticas migratorias para evitar situaciones similares en el futuro.
Por ahora, Carmelo González ha sido liberado y podrá permanecer en el país para colaborar con las investigaciones y honrar la memoria de su hija.
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris reafirmó su compromiso de trabajar para garantizar que la justicia no se vea comprometida por el estatus migratorio de las víctimas.
«Es fundamental que las víctimas y testigos de delitos se sientan seguras al cooperar con la ley sin temor a ser deportadas», concluyó Fischer.
Mientras la investigación avanza, la comunidad sigue exigiendo justicia para María Elena González y mayor protección para su padre.
Quien ha sufrido una doble tragedia: la pérdida de su hija y el riesgo de ser expulsado del país.
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