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Impacto de las políticas migratorias trasciende generaciones (VIDEO)

Las férreas políticas migratorias implementadas por Trump desde su llegada a la presidencia, también han impactado a las comunidades de la tercera edad.
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Lucía Hernández Soto prepara las tortillas para el pozole del sábado con la delicadeza que aprendió en su pueblo. Mien­tras calienta el pollo desmenu­zado para echarle al caldo, divi­sa el maíz para añadirlo. Y por la esquina de la encimera, se asoma el aguacate que acom­pañará el almuerzo del día.

El pozole de la mexicana, que llegó procedente de Gue­rrero hace unos 20 años, es uno de los platillos que más la enorgullecen. Su preocupa­ción es que quede delicioso para sus nietos, e incluso para cualquier vecino invitado que llegue a saludar.

Pero hace un año, esa no era su preocupación. Si no, dónde iba a vivir. En qué lugar dor­mirían sus tres nietos a salvo y cómo haría frente a los retos económicos por los que atravesaba ella y los pequeños en ese momento.

Lucía Hernández, prepara pozole en su nueva cocina, algo que no podía hacer hace meses atrás. Foto: Samantha Díaz/MH

Hernández, de 60 años, siempre ha sido trabajadora, y tras décadas limpiando ca­sas en Georgia, nunca le pidió nada a nadie. Sin embargo, cuando el 5 de julio de 2017 pa­saron las horas y no supo nada de su hija de 30 años, Maribel Santander, se espantó. ↓

“Fue el 5 de julio de 2017. Ya era tarde y no sabía nada de ella. Desde que salió de la casa no supe nada, como hasta el otro día, que supe que estaba detenida. La estuve llamando al celular y no contestaba. Yo me preocupé porque no sa­bía lo que estaba pasando con ella”, narró Hernández, que es madre de otros nueve y la abuela de la familia.

No fue hasta la mañana si­guiente que Hernández pudo hablar con su hija, quien le informó que había sido dete­nida sin saber exactamente por qué, por las autoridades del condado de Barrow, una zona ubicada a unas 57 millas al noreste de Atlanta.

De acuerdo con Santander, quien llegó al país a los 12 años de la mano de su madre y es beneficiaria del Programa de Acción Diferida para los Lle­gados en la Infancia (DACA), todo comenzó cuando venía de ver una casa que pretendía rentar para ella, su madre y sus tres hijos.

Cuando regresaba del lugar, dos alguaciles de dicha locali­dad la detuvieron, le hicieron varias pruebas con el alcoholí­metro y la arrestaron alegando que estaba conduciendo bajo las influencias del alcohol.

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El reporte policial emitido por los alguaciles indicó que la joven de 32 años “se encon­traba en estado de ebriedad y que había dos latas de cerveza abiertas tiradas en el suelo del asiento del pasajero”, mien­tras estaba detenida en una gasolinera ubicada en la 1170 Carl Bethlehem Road, en la ciudad de Winder.

Pero eso no era verdad. De hecho, el 90% de lo que indicó el reporte era falso.

Según la versión de Santan­der, ella iba conduciendo por una vía principal cuando la patrulla del alguacil del con­dado la detuvo.

“Yo iba a ver una casa porque me la estaban rentando a un costo muy bajo. Paré en esa gasolinera a agarrar unos cigarros. Cuando yo me meto a la interestatal, veo a un policía atrás de mí y dije yo, ‘¿qué es lo que estoy haciendo mal?’ Cuan­do me para el policía, simple­mente me dice: te voy a parar porque estás manejando bajo la influencia. Y yo hasta me reí, porque dije: ‘¿cómo? ¿cómo yo tomada? ¿a qué se refiere?’”, narró la joven de 32 años, que afirmó no haber bebido ese día.

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De acuerdo con el relato de Santander, que llegó al país en 1998, el oficial le pidió que bajara del auto y realizara las pruebas de alcoholemia.

“Me hicieron el ‘test’ de pi­sar y me pusieron el inhalador. (El oficial) me dijo: tienes que inhalar y soplar. Lo tuve que hacer como siete u ocho veces. No entendía por qué me lo pe­día tanto”, contó Santander.

Fue entonces cuando los oficiales se pusieron a hablar entre sí y confiscaron dos las latas de cerveza vacías que estaban tiradas en el asiento del pasajero de hacía días, lle­vándolas a una zona alejada, según el relato de Santander.

El reporte indica que se trató de los alguaciles James Doss y otro de apellido Suggs, cuyo nombre principal no fi­gura en el documento.

“Después del test, (Suggs) dice: “oh, pero ella tiene licencia de Georgia”. Y Doss dice: “who cares? (¿A quién le importa?)”. Y yo me quedé como: ¿qué está pasando? Luego tomaron las dos latas de cerveza y se fue­ron a una esquina. Estuvieron hablando como ocho minutos y ahí regresaron. Yo no vi lo que ellos hicieron. Me dijeron: tie­nes que volver a soplar”, narró la joven madre de tres niños.

Tras la repetición de las pruebas, Santander fue arres­tada y llevada a la cárcel del condado de Barrow. Allí pensó que podría irse tras pagar su fianza, pero el oficial de turno le dio una de las peores noti­cias y fue ahí donde empezó su otra pesadilla.

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Santander estuvo unas dos semanas detenida en la pri­sión del condado de Barrow hasta que un oficial tocó la reja de su celda y le dijo que se iba.

“Yo me sorprendí. Pero cuando me recoge (el oficial) me dice: “tú vas para inmigra­ción”. Y yo cómo: ¿qué está pa­sando? Yo tengo DACA”.

Las autoridades locales en­tregaron a la joven al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y fue llevada al Centro de Detención de la Ciudad de Atlanta, en donde estuvo detenida todo un año. Esto, a pesar de que el conda­do de Barrow no participa en el programa 287 (G), un acuer­do entre las agencias locales del orden público e Inmigra­ción, que da a la policía local la autoridad para hacer cum­plir las leyes de inmigración y compartir información de sus detenidos con ellos.

Sin embargo, el resto de prisiones locales, que en teoría no trabaja con ICE, también están poniendo en ‘hold’ a inmigrantes sin esta­tus legal en el país.

Esta situación comenzó en 2017, después de que el presi­dente Donald Trump llegara a la Casa Blanca, e implementa­ra sus férreas políticas migra­torias. Entre ellas, la política de tolerancia cero y los cambios en las aprobaciones de las so­licitudes de asilo.

De hecho, este medio com­probó que desde 2017, seis de cada diez inmigrantes que habían sido acusados de co­meter alguna infracción vial en condados como Clayton, Cherokee y Dekalb, entre otros, no pudieron salir libres, a pesar de que los familiares de algunos de ellos ya habían pagado sus fianzas.

Tras ingresar a la prisión, los agentes del Alguacil los in­terrogaron y, al descubrir que eran indocumentados, los re­portaron con ICE.

“Cámbiate, tienes un ‘hold’ de inmigración. Y yo: ¿cómo? Si yo tengo DACA, ¿qué es lo que hice mal? Hasta les dije que me hicieran un examen en la sangre para que comproba­ran que yo no había bebido”, manifestó Maribel Santander a MundoHispánico.

Santander estuvo unas dos semanas detenida en la pri­sión del condado de Barrow hasta que un oficial tocó la reja de su celda y le dijo que se iba.

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“Yo me sorprendí. Pero cuando me recoge (el oficial) me dice: “tú vas para inmigra­ción”. Y yo cómo: ¿qué está pa­sando? Yo tengo DACA”.

Las autoridades locales en­tregaron a la joven al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y fue llevada al Centro de Detención de la Ciudad de Atlanta, en donde estuvo detenida todo un año. Esto, a pesar de que el conda­do de Barrow no participa en el programa 287 (G), un acuer­do entre las agencias locales del orden público e Inmigra­ción, que da a la policía local la autoridad para hacer cum­plir las leyes de inmigración y compartir información de sus detenidos con ellos.

Sin embargo, el resto de prisiones locales, que en teoría no trabaja con ICE, también están poniendo en ‘hold’ a inmigrantes sin esta­tus legal en el país.

Esta situación comenzó en 2017, después de que el presi­dente Donald Trump llegara a la Casa Blanca, e implementa­ra sus férreas políticas migra­torias. Entre ellas, la política de tolerancia cero y los cambios en las aprobaciones de las so­licitudes de asilo.

De hecho, este medio com­probó que desde 2017, seis de cada diez inmigrantes que habían sido acusados de co­meter alguna infracción vial en condados como Clayton, Cherokee y Dekalb, entre otros, no pudieron salir libres, a pesar de que los familiares de algunos de ellos ya habían pagado sus fianzas.

Tras ingresar a la prisión, los agentes del Alguacil los in­terrogaron y, al descubrir que eran indocumentados, los re­portaron con ICE.

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Luego, esa agencia federal los trasladó a los centros de detención de inmigración en Georgia, ubicados en Ocilla, Lumpkin o Atlanta.

Fue el caso la hija de Her­nández, quien incluso, una vez detenida por las autoridades de Inmigración, su DACA ex­piró y no pudo renovarlo dada las circunstancias.

“En la cárcel tuve ansiedad, depresión… Me pasó que una vez llegue de la cocina y traía comida, y el oficial la pateó por­que no se podía tener comida en la celda”, lamentó la joven.

Maribel Santander junto a sus hijos, nietos de Hernández. Foto: Samantha Díaz/MH

La situación afectó la dinámica familiar y no solo impactó a la ‘soñadora’ sino que tuvo un efecto devastador en su madre Lucía, la abuela de la familia. La mujer siempre ha vivido con la joven por ser la más pequeña y siempre le ha ayudado a criar a sus hijos. ↓

“Cuando pudo llamarme de la cárcel, me explicó. Me espanté. ¿Qué iba a hacer sola yo con los tres niños? Por la situación que se presentaba. Y no teníamos nuestra propia casa, porque es­tábamos viviendo con uno de sus hermanos”, contó la abuela.

Separaciones a la orden del día

Esto es solo un ejemplo de los cientos y cientos de casos de separación familiar produci­das por las nuevas políticas migratorias implementadas por el gobierno de Trump.

Y aunque no existen estudios que revelen qué edades tienen la mayoría de los detenidos o deportados, para los trabajado­res sociales que laboran mano a mano con la comunidad, el impacto que han recibido las familias a causa de las nuevas políticas migratorias en el últi­mo año ha sido preocupante.

Donde más podrían alarmar las consecuencias de las políticas de Trump es entre las comuni­dades de la tercera edad pues en muchos casos, guardan si­lencio, desconocen dónde bus­car ayuda, no tienen documen­tos para solicitarla, o por falta de pericia en las redes sociales, no saben en dónde buscar infor­mación exactamente.

“Parece que se está vol­viendo más común, el hecho de abuelos cuidando nietos”, dice Cynthia Román, directora general del Departamento de Bienestar Familiar en la Aso­ciación Latinoamericana, una organización que lleva más de 30 años ayudando a la comuni­dad latina de Georgia.

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“Aunque no recibimos tan­ta gente de la tercera edad porque nuestra comunidad es joven, la comunidad de la tercera edad está creciendo. Gran parte de ella está do­cumentada, pero igual nos preocupa una cosa si están criando nietos, por ejemplo: tienen que demostrarle al De­partamento de la Familia que los tienen para poder solicitar las estampillas”, cuenta.

Otro factor que le preocupa a Román como trabajadora social es la energía y el grado de educación que poseen mu­chos migrantes de la tercera edad, lo que puede represen­tar una barrera a la hora de ayudar a los nietos. “No nece­sariamente tienen la misma energía, hay algunos que no tienen estudios y se les hace más difícil”, opina.

“Y sobre todo el temor a la deportación. Es una respon­sabilidad enorme y tener que ayudarles es un reto a esa edad”, señaló Román.

Para Hernández, la deten­ción de su hija se trató de un evento que cambió su rutina, su vida y la de sus nietos pues tuvo que hacerse cargo de ellos por completo.

“Cambió mucho, mucho, mi vida. Porque yo nunca ha­bía pasado por una situación así. Yo me desesperé. No sa­bía qué hacer, yo sentía que el mundo se me derrumbaba a pedacitos porque hacerse cargo de los niños una sola, de todo en general, y todo lo que implica la situación de cuidar­los, alimentarlos, la escuela principalmente, los doctores”, contó la abuela.

Hernández, quien no estaba trabajando en ese momento por varias dolencias físicas, contó que jamás imaginó tener que volver a enfrentar la crian­za de los niños a los 60 años de edad y en esa etapa de su vida.

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“Tenía que levantarme a las 5:30 de la mañana para tenerlos listos para la escuela. Darle vuel­tas al abogado, llevarle papeles y documentación. Luego pregun­tando por otros lados qué hacer con mi hija, a quién acudir para poder sacarla a ella. A veces me iba en el autobús, a veces caminando. Sin dinero, a veces no tenía ni para el bus, que son $2.50… imagínese…”, narró.

Ante la circunstancia, Her­nández enfrentó episodios de depresión, ansiedad y soledad.

“Estaba estresada, triste, lloraba, no sabía ni qué hacer. Bien preocupada que estaba por la situación de ella. Yo los cuidaba antes, pero por ratos, cuando ella se iba a trabajar. Pero ahora tuve que práctica­mente yo hacerme cargo total­mente de todo. Llevarlos a la escuela, al doctor. Muchas co­sas que me sucedieron en este lapso de tiempo…”, narró.

Otro de los factores más complicados fue el económico. “Económicamente mal, estaba sin dinero, yo tenía que cami­nar y caminar con el dolor de piernas, se imagina, porque no tenía ni para el taxi. Anda­ba consiguiendo aquí, consi­guiendo allá. También para poder pagar el abogado. Más los gastos de los niños, más los libros…”, recordó Hernández.

La mujer contó que, en un momento dado, se quedaron prácticamente sin techo.

“Mis nietos significan mucho. Tengo más de 20 nietos… y dos biznietos, pero a los tres de Maribel los quiero mucho”, dijo Hernández. Foto: Samantha Díaz/MH

“Fue muy difícil porque en el apartamento donde nos fui­mos a vivir, de unos amigos de mi hija, nos prestaron ahí para que estuviéramos viviendo en la sala por un tiempo. Pero resulta que luego me dejaron sola, se fueron a Miami y yo no tenía dinero para seguir pa­gando el apartamento. El due­ño del apartamento me dijo entonces que no, que yo tenía que salirme”, relató.

Hernández tuvo entonces que deshacerse de las pertenen­cias de la familia, moverlas de un lado a otro, tirarlas, o rega­larlas. “Todo se echó a perder… todo se fue a la basura”, añadió.

Además de su carga emocio­nal, Hernández tuvo que ma­nejar la de los pequeños.

“Los niños lloraban todo el tiempo. Se me empezaron a enfermar. En la escuela yo tra­taba de guardar la compostura porque ya ve que los demás niños le hacen ‘bullying’ y yo no quería que pasaran un mal momento”, agregó.

La mexicana recordó que no quiso ocultarles a los pe­queños lo que pasaba y que les explicó la situación con la ayuda de su hija.

“Tuvimos que decirles a los niños porque ellos se iban a dar cuenta. Además, si nos pregun­taba el director o la maestra, ¿qué íbamos a decir? Ya ni re­cuerdo bien ese evento o cómo fue que les dije, pero creo que fue la mamá. No sabía yo qué decirles o qué hacer porque yo sabía que ellos se iban a poner a llorar en ese rato, y yo tam­bién junto con ellos. Entonces, cuando su mamá les dijo, lloré tanto…”, contó.

Pese a las dolencias de la mu­jer, los niños no faltaron un solo día a la escuela. “Yo los llevaba hasta que no perdí la fe en que ella fuera a salir y a estar con nosotros, nuevamente con sus hijos. Y gracias a Dios que hubo mucha gente de la comunidad que nos apoyó”, dijo.

La comunidad: pieza esencial

La integración con su comu­nidad fue un factor clave para la familia de Hernández. Tras varios traspiés con los pri­meros abogados de la joven, quienes no supieron llevar su caso, Hernández pidió ayuda a la Alianza Latina Pro Dere­chos Humanos de Georgia (GLAHR), una organización sin fines de lucro que lleva más de 20 años ayudando a la comu­nidad inmigrante de Georgia.

Sus líderes buscaron recursos legales pro-bono en la organiza­ción Asians Americans Advan­cing Justice, para defender a Ma­ribel ante lo injusto de su caso y ofrecer ayuda a Hernández.

“Yo pedí ayuda porque yo necesitaba que mi hija estu­viera libre, porque ellas es el sostén y la madre de esos niños. Ellos la necesitan. No hay como una madre, aunque yo sea la abuela… y los quiero mucho, mucho, pero no es lo mismo que una mamá”, opinó.

Tras conseguir nuevos aboga­dos, se confirmó que, en efecto, el oficial Doss había falsificado las pruebas de DUI contra San­tander. Doss fue destituido de su cargo por un juez.

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“El oficial fue destituido de su puesto y hay cargos en su contra porque ha hecho recla­maciones fraudulentas sobre otros individuos. Creo que esa investigación aún está en pro­ceso. Pero creo que es desafor­tunado que Maribel y su fami­lia sufrieron las consecuencias de sus actos y que esto la puso en riesgo de deportación”, ex­plicó su abogada Van Huynh.

Santander fue entonces li­berada el pasado 9 de junio.

No obstante, para su repre­sentante legal, la joven pudo haber salido antes de la prisión.

“Sus cargos fueron retira­dos en enero de este año, sin embargo, ICE la mantuvo de­tenida hasta el 9 de junio. ICE pudo haberla soltada antes, pero falló en eso. En su lugar, la mantuvo detenida y tuvimos que ir sobre todos estos obstá­culos legales solo para que la soltaran”, manifestó la experta legal, quien ofrece servicios en la organización Asians Ameri­cans Advancing Justice.

También añadió que “es desafortunado que alguien que es beneficiaria de DACA y que tiene tres hijos estadou­nidenses, sea dejada en de­tención por un año. Es triste que haya sido olvidada por el sistema tanto tiempo, en lugar de mirar su caso”.

Hoy, y ya en libertad, San­tander tiene un largo camino por recorrer junto a su fami­lia. Recién volvió a solicitar su DACA y le tocó empezar de nuevo, pues perdió su casa y sus bienes mientras estaba detenida.

La joven trabaja a diario en la construcción para levantar a sus hijos y ayudar a su ma­dre y asegura no tener odio en su corazón.

Amor y apoyo. Maribel Santander junto a su madre, Lucía Hernández. El acto de Hernández es un claro ejemplo de los valores normativos que se aprecian en la cultura latina. Foto: Samantha Díaz/MH

“Me faltan cosas, sí, pero lo principal es estar con mi fami­lia”, reflexionó.

Para Hernández, no es tan fácil olvidar. Un error de las au­toridades cambió su vida y su rutina, provocando cicatrices emocionales en esta etapa de su vida como abuela. ↓

“Solo le pido que Dios per­done a ese oficial. Yo no les guardo rencor, pero hicieron su maldad… jamás pensaron el daño que iban a hacerle a estos niños, a los niños, sobre todo. Es una injusticia porque no hubo motivo para que hicieran eso”, manifestó Hernández.

Hoy, Hernández solo busca recuperar ese tiempo de su vida, pero aún le quedan pre­guntas y mucho que decir.

“El tiempo no borra todo. Eso se queda en los niños, que se trauman de estar pensando en su mamá. Ellos se acosta­ban y se despertaban lloran­do y me decían: ¿y mi mami, abuelita? ¿Se imagina cómo me sentía yo?”, lamentó.

Para la mujer, esta ha sido la experiencia más complica­da y difícil que le ha tocado enfrentar en su vida.

“Fue lo más difícil porque se me cerró el mundo en un rati­to y de momento no supe qué hacer. No sabía a quién acudir. Sin dinero y sin gente en la que confiar para que me dijeran; si te doy la mano, lucha. Yo jamás en la vida quiero volver a pasar por una cosa así”, dijo.

No obstante, pese a la ocu­rrido, Hernández busca salir adelante con los suyos y seguir caminando. Esperar la felici­dad. Abrazar a sus nietos y ver a su hija triunfar.

“Si la vida me volviera a po­ner en el mismo lugar, igual, lucharía igual. Yo le digo a ella que se levanté todas las veces que se caiga. Que ella puede. Arriba y arriba. No te dejes vencer porque así pa­san las cosas… uno no sabe por qué, es la vida que pasa… Pero hay que echarle pa’ de­lante y pa’ delante”, finalizó.

Comunidades más vulnerables

Hoy, Hérnandez solo espera salir hacia adelante y ayudar en lo que pueda a su hija Maribel. Foto: Samantha Díaz/MH

Para el doctor Julián Monto­ro-Rodríguez, profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y director del Programa de Gerontología en dicho centro, los retos que podría enfrentar un abuelo ante la crianza de los niños son múltiples y cumulativos.

“Son retos personales, en donde se implica su salud, re­tos familiares, generacionales, culturales e incluso de valores propios”, destaca.

De acuerdo con Montoro, la voluntad de asumir el cui­dado de los nietos cuando los padres no están es en muchos casos de forma voluntaria.

“Al igual que otros cuida­dores, las abuelas y abuelos experimentan un nivel alto de estrés, tensión y deterioro de la salud física y mental como resultado de la carga que su­pone ser cuidador de otra persona o de la crianza de los hijos y nietos. Estos impactos negativos pueden aumentar si ocurren en situaciones de ex­trema precariedad”, incluyó.

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Según el experto, en el caso de Hernández, “su entrega y esfuerzo heroico por atender a los nietos es consecuencia de los valores normativos en la cultura latina, que considera la ‘familia’ un valor central de su identidad y supervivencia”.

Al final, para el profesor, “la vía para mejorar esta si­tuación es la participación de los líderes en los centros de decisión para que final­mente se desarrollen las le­yes y se logre un consenso para solucionar la arbitrarie­dades”, puntualizó.

MundoHispánico contac­tó al alguacil del condado de Barrow, Jud Smith, para obte­ner una reacción al respecto y confirmar lo sucedido con la familia de Hernández, y este contestó vía telefónica que, en efecto, el oficial James Doss había sido despedido.

“No puedo decir lo que pasó durante el proceso de detención de la sra. Santander, porque no estuve allí, pero sí te puedo confirmar que el oficial Doss ya no trabaja con nosotros. Luego de una inves­tigación que se realizó a través de nuestro Departamento de Asuntos Internos, encontra­mos que no era fiable en la investigación”, explicó Smith.

“Tomamos la decisión de despedirlo porque además no era creíble en otras investiga­ciones anteriores que existían. No sabemos exactamente cómo falsificó las pruebas, pero nosotros nos tomamos nuestro trabajo muy en serio”, confirmó el funcionario.

“Este reportaje ha sido escrito gracias al apoyo de una beca de periodismo otorgada por la Gerontological Society of America, la Journalists Network on Generations y la AARP”.


“This article was written with the support of a journalism fellowship from the Gerontological Society of America, Journalists Network on Generations and AARP.”

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