Hospitalizan a juez de la Corte Suprema de EE.UU.
- En medio de la guerra, juez de EE.UU. es hospitalizado
- La Corte Suprema lo admitió este domingo
- Dicen que lo llevó al hospital
Hospitalizan al juez Clarence Thomas de la Corte Suprema de EE.UU. En medio de las tensiones provocadas por la invasión rusa a Ucrania, en Estados Unidos se da otra mala noticia y es que uno de los jueces más altos del país ha sido hospitalizado recientemente.
«El juez Clarence Thomas ingresó en el Hospital Sibley Memorial en Washington, DC, el viernes por la noche después de experimentar síntomas similares a los de la gripe», dijo la Corte Suprema en un comunicado publicado en en su página oficial y revisado por MundoHispánico.
Hospitalizan al juez Clarence Thomas de la Corte Suprema de EE.UU.
La Corte Suprema detalló que el juez fue sometido a pruebas y que se le diagnosticó una infección. No dijeron de que infección se trataba, pero si dieron detalles de lo que estaban haciendo con el alto funcionario republicano hospitalizado en el Sibley Memorial en Washington.
«Se sometió a pruebas, se le diagnosticó una infección y está siendo tratado con antibióticos por vía intravenosa», apuntó la Corte Suprema en el corto comunicado. Además, el domingo por la tarde dieron a conocer el estado actualizado del juez Clarence Thomas.
Dan a conocer el estado del alto juez estadounidense
«Sus síntomas están disminuyendo, descansa cómodamente y espera ser dado de alta del hospital», acotó la Corte Suprema en el comunicado. De acuerdo con la información publicada al corte de esta nota, el alto funcionario sería dado de alta en uno o dos días.
Sobre su papel en el tribunal más alto de los Estados Unidos, la Corte aseguró que: «El juez Thomas participará en la consideración y discusión de cualquier caso en el que no esté presente sobre la base de los escritos, las transcripciones y el audio de los argumentos orales».
No estará presente en la Corte Suprema
De acuerdo con ABC, el juez Clarence Thomas no tiene historial de problemas de salud. Los nueve jueces que integran la Corte Suprema de los Estados Unidos han sido vacunados y han recibido las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus.
Al parecer, el juez no estará presente en la reunión de la Corte Suprema programada para este lunes. La Corte Suprema intervino el miércoles en una disputa política entre el gobierno federal y estados con gobernadores republicanos que intentan defender una disposición sobre inmigración de la era del expresidente Donald Trump que el nuevo gobierno ha cancelado.
Corte Suprema discute ‘el futuro’ de indocumentados
Ministros conservadores y liberales de la Corte Suprema reconocieron durante argumentaciones en el máximo tribunal que un gobierno entrante puede cambiar políticas. Es lo que el gobierno del presidente Joe Biden hizo con la norma de «carga pública«, la cual denegaba la entrega de tarjetas de residencia a inmigrantes que utilizan cupones de alimentos u otras prestaciones públicas.
La cuestión para la corte no gira propiamente en torno a la legalidad de la ahora difunta normativa de la era de Trump, sino si un grupo de estados encabezados por Arizona pueden asumir la lucha jurídica a favor de la disposición.
¿Qué discutirán?
La jueza Elena Kagan planteó al procurador de Arizona, Mark Brnovich —quien presentó los argumentos a nombre del grupo de estados, que permitir al grupo intervenir en un caso «que está completamente muerto y que en primer lugar jamás se aplicó a ustedes» no es la respuesta.
«Quienquiera que sea el gobierno federal, siempre habrá un estado que considere que ha hecho lo incorrecto», señaló. Otros magistrados plantearon que podría ser factible un derecho limitado a intervenir, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.
Regla de Trump en la Corte Suprema
Kagan, por su parte, preguntó si el gobierno de Biden se había equivocado por maniobrar con prontitud para desechar rápidamente la disposición de la era de Trump, en lugar de optar por un proceso más largo. El ministro Samuel Alito dijo que el gobierno había diseñado una estrategia para hacer rápidamente a un lado la normativa y que él no está al tanto «de un precedente en el que un gobierno entrante haya actuado en forma similar».
Sin embargo, Kagan y otros jueces plantearon que, si Arizona objeta la manera en que el gobierno de Biden puso fin a la política previa, debió haber expuesto el asunto ante un tribunal y no intentar lo que Kagan describió como una estrategia para lograr un «tiro de carambola cuádruple» con la intención de intervenir en otros casos.
El ‘asunto’ es una ley federal que dice que los solicitantes de tarjetas de residencia no pueden ser cargas para el país, o «cargas públicas»
Otro punto en cuestión para varios jueces fue la geografía. Stephen Breyer, Clarence Thomas y Sonia Sotomayor estuvieron entre los ministros que cuestionaron por qué Arizona forma parte de un caso que se originó en California y Washington. «He visto cómo se ha extendido en Los Ángeles, pero no me parece que haya llegado hasta Arizona», dijo Breyer, quien el mes pasado anunció su intención de jubilarse.
El meollo del caso expuesto ante los jueces es una ley federal que dice que los solicitantes de tarjetas de residencia no pueden ser cargas para el país, o «cargas públicas». El gobierno de Trump amplió de manera considerable la normativa, diciendo que la utilización de prestaciones públicas como cupones de alimentos o el programa Medicaid podrían ser elementos para una descalificación.
Dicen quiénes son los afectados
El asunto fue impugnado en tribunales, pero la Corte Suprema permitió que la política entrara en vigor mientras los casos continuaban. El gobierno de Biden anuló la disposición y desde entonces ha anunciado nuevos lineamientos. El gobierno dice que en la práctica, durante el año en que la normativa estuvo en vigor, sólo afectó a unas cinco de aproximadamente 50.000 solicitudes a las que se aplicó.
El gobierno federal y grupos proinmigrantes han dicho que el mayor impacto de la normativa fue ahuyentar a los inmigrantes, porque hizo que abandonaran las prestaciones o no las solicitaran por temor a que si lo hacían ello pudiera afectarles sus solicitudes para convertirse en residentes legales permanentes.
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