Grave acusación contra dos venezolanos con TPS por presunto fraude con ayuda del COVID-19

- Venezolanos acusados de fraude y lavado
- Solicitudes falsas al PPP
- Inflaron ingresos y empleados
Dos ciudadanos venezolanos, protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), han sido formalmente acusados en Miami.
Por presunto fraude y lavado de dinero relacionado con solicitudes falsas al programa de alivio económico por la pandemia de la covid-19.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Supuestamente, habrían utilizado documentación fiscal adulterada para obtener fondos destinados a pequeños negocios afectados por la crisis sanitaria.
Fraude Económico y Lavado de Dinero: Caso PPP en Miami
PF combate fraude de R$ 16 milhões no BPC para venezuelanos. Grupo usava documentos falsos para conceder benefício a idosos do país vizinho.
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— GloboNews (@GloboNews) April 24, 2025
Los acusados presentaron solicitudes fraudulentas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), una iniciativa federal diseñada para asistir a negocios en dificultad durante la pandemia.
De acuerdo con la acusación, Urribarri y Muñoz inflaron los ingresos y el número de empleados de su empresa.
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FU&MM General Services, de la cual eran presidenta y vicepresidenta, para asegurar la aprobación de un crédito por aproximadamente 438.000 dólares.
Este caso subraya los riesgos asociados con el manejo fraudulento de fondos públicos destinados a la recuperación económica en tiempos de crisis.
Los Detalles de la Conspiración
Las autoridades han señalado que este tipo de conductas fraudulentas socavan la integridad de programas diseñados para ayudar a los más vulnerables.
Urribarri y Muñoz comparecieron en audiencia pública donde se formalizaron los cargos en su contra.
La investigación continúa mientras se evalúan las pruebas recabadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Este incidente resalta la importancia de la vigilancia y la verificación rigurosa en la distribución de fondos públicos.
Especialmente en situaciones de emergencia nacional como la pandemia de la covid-19, donde la transparencia y la honestidad son fundamentales para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
De acuerdo con la agencia Efe e Infobae.

