Familia de niña ciudadana deportada desiste de demanda contra administración Trump
Publicado el 11/05/2025 a las 22:58
- Niña ciudadana deportada
- Familia desestima demanda temporalmente
- Caso genera críticas a Trump
La familia de una niña ciudadana estadounidense de dos años que fue deportada junto a su madre a Honduras decidió retirar su demanda contra la administración Trump, informó ABC News.
La menor, identificada en los documentos judiciales como “VML”, fue enviada fuera del país el mes pasado en medio de un operativo migratorio en Nueva Orleans.
A pesar de ser ciudadana por nacimiento, fue deportada sin que se resolviera previamente una moción judicial que cuestionaba la legalidad del procedimiento.
Según declaraciones recogidas por ABC News, la familia optó por desestimar voluntariamente la demanda para evaluar sus siguientes pasos legales y priorizar la seguridad de sus hijos.
La deportación ocurrió antes de revisión judicial
“Dadas las experiencias traumáticas que han vivido las familias, están dando un paso atrás para conversar a fondo sobre todas sus opciones, la seguridad y el bienestar de sus hijos”, explicó la abogada Gracie Willis.
La defensora legal añadió que este retiro no significa un abandono del reclamo, sino una pausa necesaria para determinar la mejor forma de proceder.
La deportación ocurrió antes de que un tribunal federal pudiera pronunciarse sobre un hábeas corpus y una solicitud de orden de restricción urgente.
El caso despertó atención nacional tras conocerse que un juez federal expresó una “fuerte sospecha” de que la administración había expulsado del país a una ciudadana estadounidense “sin ningún proceso significativo”.
El gobierno defiende su procedimiento migratorio
VML fue detenida junto a su madre y su hermana, quienes no tenían estatus legal en Estados Unidos, durante un control migratorio rutinario en Nueva Orleans.
El padre de la niña, residente legal en EE.UU., intentó frenar la deportación tras ser informado de la detención de su familia.
Según documentos judiciales, su abogado notificó de inmediato a las autoridades migratorias sobre la ciudadanía de la menor, solicitando su liberación.
Sin embargo, antes de que los tribunales respondieran, la menor ya había sido deportada junto a su madre y su hermana.
En respuesta a la moción de los abogados de la familia, el Departamento de Justicia sostuvo que la menor estaba bajo la custodia legal de su madre y no corría “riesgo de daño irreparable”.
La defensa gubernamental insistió en que, pese a su ciudadanía, la niña podía acompañar a su madre en su salida del país sin implicar una deportación forzada.
Además, la audiencia judicial estaba programada para el 16 de mayo ante el juez federal Terry Doughty.
Tras la retirada del caso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la legalidad del procedimiento y negó haber deportado a una ciudadana estadounidense.
El caso reabre debate sobre derechos y errores
“La verdad es, y siempre ha sido, que la madre, que se encontraba en el país sin documentos, decidió traer a su hijo de dos años a Honduras cuando fue deportada”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.
Además, añadió que “la narrativa de que el DHS está deportando a niños estadounidenses es falsa e irresponsable”.
Sin embargo, el episodio ha reavivado el debate sobre el trato a menores ciudadanos en contextos de deportación familiar.
Organizaciones como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) han denunciado que este tipo de casos reflejan fallas estructurales en el sistema migratorio.
Niños ciudadanos y deportaciones familiares
El uso de procedimientos acelerados y la falta de revisión judicial previa han sido objeto de críticas por parte de defensores de derechos humanos.
Expertos advierten que, aunque legalmente los niños ciudadanos no pueden ser deportados, en la práctica muchos terminan dejando el país junto a sus padres indocumentados.
Los defensores legales de VML no han descartado volver a presentar un caso en el futuro, pero por ahora optaron por enfocarse en la reunificación y el bienestar de la familia.
El caso subraya la complejidad jurídica que surge cuando familias con estatus migratorios mixtos son detenidas o expulsadas del país, señaló ‘ABC News‘.
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