Entra en vigor la Ley HB-10 este 1 de diciembre en este estado

• Alguaciles obligados a colaborar con ICE.
• Ley HB10 y el enfoque migratorio de Trump.
• Críticas por perfilamiento racial y detenciones masivas.

Desde el 1 de diciembre, la Ley HB-10 comenzó a aplicarse en Carolina del Norte, generando una intensa polémica por su enfoque hacia la población migrante.

Esta nueva normativa obliga a los alguaciles locales a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esto para detener y verificar el estatus migratorio de personas arrestadas, especialmente aquellas con antecedentes penales.

La ley, considerada por sus críticos como una de las más estrictas en términos de inmigración, permite que se revisen los historiales delictivos de los detenidos y que, en caso necesario, sean procesados para una posible deportación.

Entra en vigor la Ley HB-10 en Carolina del Norte

Este cambio radical en las políticas locales responde a las promesas hechas por Donald Trump durante su campaña presidencial.

Trumpaseguró que su gobierno cerraría la frontera sur y deportaría masivamente a migrantes indocumentados relacionados con delitos graves.

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En los últimos meses, autoridades demócratas en Carolina del Norte habían limitado la cooperación con ICE.

Sin embargo, la Ley HB10 busca reforzar esa relación, acelerando las deportaciones a partir de 2025, cuando Trump asuma nuevamente la presidencia.

Medida de Trump

Según sus promotores, esta medida es necesaria para garantizar la seguridad pública, aunque no todos están de acuerdo.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos pro-migrantes han expresado su rechazo a la Ley HB10, argumentando que podría derivar en actos de discriminación y violaciones a los derechos humanos.

Uno de los principales señalamientos es que la ley fomenta el perfilamiento racial, lo que podría resultar en detenciones arbitrarias, incluso por infracciones menores como multas de tránsito.

Los defensores de migrantes advierten que la implementación de esta ley abre la puerta a posibles abusos de poder por parte de las autoridades locales.

Además, temen que la población migrante, especialmente los indocumentados, enfrente mayores riesgos de persecución, separación familiar y deportación injustificada.

En un estado que anteriormente mostró resistencia a las políticas migratorias de ICE, según SDPNoticias.

la Ley HB10 representa un giro drástico que, según sus detractores, incrementará la criminalización de los migrantes en lugar de promover soluciones justas e inclusivas.

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