El gobernador de North Carolina veta los vales para escuelas privadas y las órdenes de control de inmigración

• El gobernador Roy Cooper vetó proyecto de ley
• Asignaba vales para escuelas privadas y control en inmigración
• ¿Por qué tomó dicha decisión?

El gobernador de North Carolina, Roy Cooper, vetó recientemente un proyecto de ley que generó un fuerte debate en el estado.

La legislación asignaba cientos de millones de dólares a un programa de vales para escuelas privadas, según The Associated Press.

Y requería que los alguaciles colaboraran con agentes federales de inmigración en la detención de personas en situación irregular.

Este veto, aunque esperado, se suma a la creciente tensión entre demócratas y republicanos en torno a la educación y la política migratoria.

ROY COOPER VETA POLÉMICO PROYECTO DE LEY

Cooper, un demócrata que criticó el uso de fondos públicos para financiar la educación privada y religiosa, rechazó este proyecto de ley.

Ya que asigna subvenciones a familias de todos los niveles de ingresos para que puedan enviar a sus hijos a escuelas privadas.

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El programa de vales, que ha sido impulsado por los republicanos en la Asamblea General, busca expandir el acceso a la educación privada eliminando los límites de ingresos para las familias beneficiadas.

Esto ha generado un gran aumento en las solicitudes para el próximo año escolar, con una lista de espera de aproximadamente 54.000 niños.

¿Por qué vetó el programa?

El veto de Cooper era predecible, dado que en el pasado ya había vetado dos versiones anteriores de un proyecto de ley de inmigración en 2019 y 2022.

Sin embargo, la situación política en North Carolina ha cambiado.

Los republicanos ahora tienen mayorías suficientes en ambas cámaras para anular los vetos del gobernador, lo que han hecho con 26 de los 27 proyectos de ley vetados desde 2023.

Aunque el veto actual sigue en pie, es probable que se someta a una votación para ser anulado en los próximos meses.

¿Qué ocurre con la migración?

El proyecto de ley no solo trataba sobre la educación. También incluía una disposición que obligaba a los alguaciles de los condados a cumplir con las órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esto afectaría a los reclusos en situación irregular que se encuentran en cárceles locales por delitos graves, informó AP.

Los republicanos sostienen que esta medida es necesaria para proteger la seguridad pública, ya que algunos alguaciles demócratas han optado por no colaborar con ICE.

Sin embargo, los críticos, incluidos defensores de los derechos de los inmigrantes, argumentan que esta disposición es inconstitucional y afectaría desproporcionadamente a la población hispana del estado.

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