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Trump invoca ley de guerra para deportar venezolanos

El presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema permiso para deportar venezolanos sin juicio, invocando una antigua ley de 1798.
2025-03-28T16:47:19+00:00
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Foto: AP
  • Donald Trump invoca ley de 1798
  • Deportaciones sin juicio previo
  • Suprema Corte evalúa bloqueo

El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo de EE.UU. que le permita deportar sumariamente a migrantes venezolanos, invocando una ley del siglo XVIII.

Se trata de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial y que permite expulsar a extranjeros sin juicio previo.

La administración presentó una solicitud de emergencia luego de que una corte federal de apelaciones mantuviera el bloqueo impuesto por el juez James Boasberg el pasado 15 de marzo.

Según el Gobierno, esta medida es de “seguridad nacional urgente” y no debe ser detenida por tribunales inferiores.

Donald Trump justifica deportaciones por “invasión” del Tren de Aragua

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Foto: Shuttterstock

En su escrito, argumenta que la Constitución otorga esa facultad exclusivamente al presidente y pide levantar el freno judicial.

Trump acusa a la pandilla venezolana Tren de Aragua de haber penetrado el Gobierno de Nicolás Maduro y asegura que ahora está “invadiendo” Estados Unidos.

El 15 de marzo, el mandatario invocó la ley y ese mismo día tres aviones con cerca de 200 venezolanos despegaron de Texas rumbo a El Salvador, a pesar de la orden del juez.

Los migrantes fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad salvadoreña.

Boasberg había ordenado detener esas deportaciones y que los aviones regresaran en pleno vuelo, pero el gobierno no acató la orden.

Esta semana, durante una audiencia, el Gobierno se negó a entregar al juez detalles sobre los vuelos y los pasajeros, amparándose en el “privilegio de secretos de Estado”.

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Dijo que revelar esa información afectaría “intereses diplomáticos y de seguridad nacional”.

“Todo esto se ha hecho en secreto”, denunció Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Los abogados del Gobierno pidieron a un tribunal de apelaciones que permita continuar las deportaciones, solicitud que dividió a los jueces.

La jueza Patricia Millett fue clara: “Los nazis detenidos en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial recibieron un mejor tratamiento jurídico que los inmigrantes venezolanos”.

“Ciertamente refutamos la analogía con los nazis”, respondió Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia.

Millett, nominada por el presidente demócrata Barack Obama en 2013, reiteró que “el presidente tiene que cumplir con la Constitución y las leyes como cualquier otra persona”.

El juez Justin Walker, nominado por Trump en 2020, pareció más abierto a los argumentos del Gobierno.

“Podrían haber presentado en el tribunal de distrito de Texas la misma queja que presentaron aquí”, dijo Walker al abogado de la ACLU.

“No tenemos idea si todos están en Texas”, respondió Gelernt.

La jueza Karen LeCraft Henderson, nominada por el republicano George H.W. Bush, no hizo preguntas durante la audiencia de dos horas.

El lunes, el Gobierno venezolano presentó una acción legal en El Salvador para exigir la liberación de 238 venezolanos detenidos tras su deportación.

Boasberg defendió que los migrantes tienen derecho a impugnar su designación como supuestos miembros de pandillas.

“El público también tiene un interés significativo en que el gobierno se apegue a la ley”, escribió.

Trump y sus aliados han pedido que Boasberg sea sometido a juicio político.

La Corte Suprema, a través de su presidente John Roberts, respondió que “el juicio político no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.

Pasada la medianoche del lunes, Donald Trump publicó en redes sociales un mensaje cuestionando la imparcialidad de Boasberg y pidiendo que se le retire su licencia.

Durante la audiencia del viernes, Boasberg prometió esclarecer si el Gobierno violó su orden oral de detener las deportaciones.

El Departamento de Justicia argumentó que solo debían obedecer la orden escrita, no la verbal.

Mientras el caso sigue escalando, miles de migrantes venezolanos enfrentan la incertidumbre de ser deportados bajo una ley de guerra usada por última vez hace más de 80 años.

FUENTE: EFE / AP

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