Demandas contra el Gobierno Trump por 40 millones de dólares en fondos para albergues migratorios

• Gobiernos locales demandan a Trump
• Exigen fondos para albergues migrantes
• Reclaman 40 millones retenidos

Tres gobiernos locales y condales en Estados Unidos han emprendido acciones legales contra el Gobierno federal. Exigiendo el reembolso de 40 millones de dólares destinados a la operación de albergues para migrantes.

Según informa la agencia EFE la demanda fue presentada este viernes por el condado de Pima, en Arizona. Así como por las ciudades de Denver, en Colorado, y Chicago, en Illinois, según confirmaron las autoridades locales.

De acuerdo con la querella, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha incumplido con la entrega de fondos previamente aprobados por el Congreso y que fueron utilizados para proporcionar alojamiento, servicios médicos y asistencia humanitaria a solicitantes de asilo durante 2024 y 2025.

El conflicto se centra en los cambios aplicados por la administración del expresidente Donald Trump. Que ha impuesto nuevas reglas para acceder a los fondos federales, generando incertidumbre y una crisis financiera para los gobiernos locales que asumieron responsabilidades humanitarias.

Autoridades denuncian cambios en reembolsos

Rex Scott, presidente de la Junta de Supervisores del condado de Pima. Expresó en un comunicado su decepción ante la falta de compromiso del Ejecutivo, señalando que desde 2019 estos fondos fueron fundamentales para garantizar la salud y la seguridad pública.

Scott subrayó que las autoridades locales actuaron como socios comprometidos. Ofreciendo servicios de alojamiento y apoyo a miles de migrantes, bajo la promesa de que el Congreso reembolsaría los costos con los fondos asignados.

“De buena fe brindamos estos servicios, confiamos en los fondos asignados. Ahora nos enfrentamos a un cambio repentino de reglas que nos deja con deudas millonarias”, indicó Scott.

Los gobiernos demandantes aseguran que han enviado múltiples peticiones al DHS. Solicitando una respuesta clara sobre el cumplimiento de sus obligaciones financieras, pero hasta la fecha no han recibido respuestas satisfactorias.

Demanda al Gobierno Trump exige claridad

Según documentos judiciales presentados en un tribunal del Distrito Norte de Illinois. El gobierno federal retiene alrededor de 24 millones de dólares que, según lo aprobado, debía entregar a la ciudad de Denver.

A su vez, Chicago reclama 12 millones de dólares. Mientras que el condado de Pima exige la devolución de 4 millones de dólares utilizados para operar albergues y centros de apoyo temporal.

Estos recursos forman parte de un paquete de más de 600 millones de dólares aprobado por el Congreso como respuesta a la crisis migratoria que ha impactado principalmente la frontera sur de Estados Unidos.

Las autoridades locales aseguran que el Gobierno Trump ha establecido requisitos considerados como excesivos y discriminatorios para liberar los fondos. Entre ellos la entrega de datos sensibles de los migrantes, como nombres completos, números de identificación y destino final.

Crisis migratoria agrava la situación humanitaria

La exigencia de estos requisitos, según organizaciones defensoras de derechos humanos. Representa no solo una violación a la privacidad de los migrantes. Sino también una estrategia para desalentar a los gobiernos locales a seguir brindando servicios de ayuda humanitaria.

Paralelamente, la Casa Blanca ha eliminado varios programas de ayuda federal dirigidos a financiar albergues. Obligando al cierre de instalaciones en varias localidades, incluyendo dos albergues ubicados en el sur de Arizona.

La situación ha agudizado la crisis en regiones que dependen de estos espacios para brindar asistencia básica a migrantes liberados por la Patrulla Fronteriza. Quienes, en muchos casos, no tienen familiares ni recursos inmediatos para sobrevivir en Estados Unidos.

El litigio busca no solo el reembolso de los fondos adeudados. Sino también una resolución clara sobre las obligaciones federales en contextos de emergencia humanitaria, destacaron los representantes legales de las ciudades y condados demandantes.

Demanda al Gobierno Trump podría sentar precedente

Esta batalla legal podría sentar un precedente en las relaciones entre el Gobierno federal y las jurisdicciones locales en temas de migración, asistencia humanitaria y responsabilidad fiscal. Advirtieron expertos consultados.

Por ahora, las ciudades de Denver y Chicago, así como el condado de Pima, enfrentan graves problemas presupuestarios. Al tener que absorber gastos millonarios que, según consideran, el Gobierno central debería cubrir.

Mientras tanto, organizaciones locales temen que la falta de fondos y el cierre de albergues expongan a miles de migrantes a situaciones de vulnerabilidad extrema. En un escenario migratorio que sigue siendo uno de los mayores retos para las autoridades estadounidenses.