Corte da victoria a Trump al validar fin del TPS y abrir la puerta a deportaciones
- Corte da victoria a Trump al validar fin del TPS y abrir la puerta a deportaciones
- Un tribunal de apelaciones respaldó el deseo del gobierno de Trump
- Los más afectados son inmigrantes hispanos
Fin del TPS. Un tribunal de apelaciones
respaldó este lunes a la administración del presidente Donald Trump, para que termine con el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití y eso abre la puerta a miles de deportaciones.
El fallo judicial de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., al que tuvo acceso Efe, pone en riesgo de deportación a unos 300 mil salvadoreños, 5 mil nicaragüenses, 1,000 sudaneses y 58 mil haitianos que hasta ahora estaban amparados por esa protección migratoria con la que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
«El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía la implementación de decisiones de rescisión del TPS de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador», señalaron los tres jueces del tribunal con sede en Pasadena, en California.
En ese documento, los magistrados descartaron que detrás de la decisión del Gobierno de Trump de acabar con esas protecciones existiera discriminación racial, uno de los argumentos de la parte denunciante.
Los magistrados también aseguraron que los demandantes «no presentaron ni siquiera argumentos serios sobre su reclamo».
A falta de confirmación oficial, se espera que extranjeros protegidos por el TPS y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes impugnen esta decisión.
De hecho, grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y CASA Maryland expresaron su rechazo al fallo poco después de que se hiciera público.
«Si la decisión se mantiene, estos residentes legales desde hace mucho tiempo que fueron bienvenidos a EE.UU. porque sus países estaban sumidos en la violencia o los desastres naturales podrían ser deportados, dividiendo a cientos de miles de familias estadounidenses», denunció la ACLU en un comunicado.
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Por su parte, una activista salvadoreña beneficiada por el TPS y miembro del grupo CASA Maryland, Elsy Alfaro, dijo estar «devastada» por el fallo judicial, aunque aseguró que «las motivaciones racistas de Trump no ganarán esta partida».
Además, instó al Congreso federal a actuar para protegerla a ella y a todos los amparados por el TPS que viven «en la incertidumbre porque su situación legal está en debate».
El Salvador fue incluido en este programa en 2001, Nicaragua en 1999, Sudán en 1997 y Haití en el año 2010. A estos países hay que sumar, entre otros, a Honduras.
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La agencia de noticias The Associated Press reportó por su parte que la administración Trump puede poner fin a las protecciones humanitarias que han permitido que cientos de miles de personas de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán permanezcan en Estados Unidos, dictaminó el lunes un tribunal de apelaciones dividido.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. levantó una orden judicial preliminar que había impedido que el gobierno pusiera fin al Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés, para personas de esos cuatro países.
La gente de El Salvador sería la más afectada.
Desde 1990, la política ha otorgado estatus legal temporal a personas de países afectados por desastres naturales y conflictos civiles.
El estatus legal a menudo se extiende, pero la administración Trump decidió terminarlo para varios países.
El cambio de dirección del presidente Donald Trump sobre TPS había estado en suspenso desde principios de su administración, incluso cuando se ha movido para restringir otras formas de estatus humanitario en los EE.UU.
Ha limitado drásticamente el número de refugiados a los que se permite reasentarse en los Estados Unidos y ha tomado varias medidas para frenar drásticamente el acceso al asilo.
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Centroamericanos frenados por Trump, luego por la pandemia
Lo tenía casi todo listo. Por fin iba a reunirse con su esposo en Estados Unidos, al que hacía 20 años que no veía, y con su hija, de la que llevaba tres años separada.
Washington le había aprobado una solicitud enviada en 2016 para ingresar al país a través de un programa de refugiados. Sin embargo, el brote del coronavirus paralizó todo y la dejó estancada en su casa en El Salvador, recibiendo amenazas de muerte.
“Como pasó lo de la pandemia, aquí me dejaron esperando”, expresó la salvadoreña de 55 años que pidió no ser identificada porque ha sido amenazada por pandillas varias veces.
“Me da mucha tristeza. Quiero estar con mi familia”, dijo en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Santa Ana, a una hora en automóvil de la capital, San Salvador.
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Ha pasado más de un año desde que un acuerdo judicial permitió que puedan venir a Estados Unidos familias centroamericanas que ya habían sido aprobadas antes de que el presidente Donald Trump cancelara un programa de refugiados. Sin embargo, la pandemia y un complicado proceso de solicitud han frenado la llegada. Sólo han arribado 338 personas, el 12% de las 2.700 que ya están autorizadas, según datos del gobierno estadounidense.
Una vez en suelo estadounidense su situación es precaria: enfrentan una política migratoria restrictiva que incluye largas esperas para obtener permisos de trabajo y tienen padres protegidos temporalmente por un programa conocido como TPS, que podría desaparecer.
Es la realidad que enfrentan los migrantes que llegan a Estados Unidos en la era del presidente Trump, quien se ha enfocado en limitar el ingreso de extranjeros. Entre otras medidas, los migrantes que cruzan la frontera para pedir asilo son devueltos a México y desde allí esperan su turno. Gran parte de los más de 60.000 afectados por esa norma son centroamericanos.
“Esta administración lo deja muy claro cada día en todas sus medidas, su política de refugiados, su política fronteriza, sus protecciones de asilo y sus normas de deportación. Deja claro que no le importa la protección” de los inmigrantes, dijo Hans Van der Weerd, directivo del International Rescue Committee, una organización que ayuda a procesar las solicitudes del programa. “Sólo le interesa mantener a la gente alejada de este país”.
Con información de Agencia Efe y The Associated Press
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