Condenan deportación de mexicana que sobrevivió a masacre en Walmart de El Paso

• Defensores de inmigrantes criticaron la deportación de una mexicana sobreviviente a la masacre en Walmart de El Paso.
• La mexicana había ayudado a las autoridades contando lo que observó como testigo de la masacre en Walmart de El Paso.
• La sobreviviente de la masacre en el Walmart de El Paso fue detenida esta semana por tener dañada una luz de su auto.

Activistas proinmigrantes han criticado

la rápida deportación de una mexicana sobreviviente de la masacre que ocurrió en el Walmart de El Paso. La acción ocurre en la misma semana en que un juez federal bloqueó la moratoria del presidente Joe Biden a las deportaciones.

Defensores de los inmigrantes condenaron este sábado la deportación a México de una sobreviviente del tiroteo en El Paso, en Texas, que estaba colaborando con las autoridades federales como testigo de las primeras acciones del tirador, que terminó matando a 22 personas, reseñó la agencia de noticias Efe.

Los Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados (DMRS) en El Paso denunciaron que la inmigrante, identificada solo como Rosa para proteger su identidad, fue detenida el miércoles pasado tras una parada de tráfico porque una luz de su carro no funcionaba.

La policía de El Paso la arrestó tras descubrir que la migrante tenía dos citaciones pendientes por otra parada de tráfico en 2015.

La inmigrante, de origen mexicano, fue transferida a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que la deportó este viernes a Ciudad Juárez, México.

Rosa y su hermana estaban cooperando con los investigadores en el caso del tiroteo del 3 de agosto de 2019 porque aseguraron que estaban en el estacionamiento del Walmart donde se dio la masacre, y fueron testigos del primer ataque del tirador antes de que entrara a la tienda.

Anna Hey, subdirectora de DMRS, confirmó a la televisora local KTSM: «Rosa es una sobreviviente de uno de los eventos más horribles que jamás haya tenido lugar en El Paso. Ella se acercó y se presentó tanto a la policía de El Paso como a los oficiales del FBI para dar una declaración de lo que vio en ese fatídico día».

«La información que tiene fue suficiente para que la Oficina del Fiscal de Distrito emitiera una certificación de que ella ha sido útil en la investigación», agregó.

En este sentido, Laura Lynch, abogada del National Immigration Law Center (NILC), criticó este sábado en su cuenta de Twitter la deportación de la mexicana, advirtiendo que «esta decisión equivale a una revictimización de esta joven, que solo se presentó para ayudar a construir el caso contra el tirador en el ataque racista».

El mensaje de Lynch fue retomado por la congresista demócrata Verónica Escobar, que representa el Distrito 16 de Texas, e incluye vecindarios de El Paso.

«Estoy apoyando los esfuerzos de DMRS de El Paso y haré todo lo posible para traer a Rosa a casa y luchar para proteger a las víctimas y testigos de la deportación», subrayó en su cuenta de Twitter la legisladora.

Apenas llegó a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ordenó una moratoria de 100 días de las deportaciones.

Sin embargo, este martes el juez Drew B. Tipton, del Tribunal de Distrito Sur de Texas, bloqueó temporalmente la medida en respuesta a una demanda encabezada por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, que argumenta que el presidente actuó de forma arbitraria al imponer la moratoria. 

Juez bloquea moratoria de Biden a deportaciones

La agencia de noticias AP informó que un juez federal prohibió el martes al gobierno del presidente Joe Biden hacer cumplir una moratoria de 100 días a las deportaciones, una prioridad clave en la agenda del mandatario demócrata sobre inmigración.

El juez de distrito Drew Tipton emitió un interdicto temporal solicitado por el gobierno de Texas, que presentó una demanda el viernes de la semana pasada contra un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que ordenó a las agencias de inmigración que pausaran la mayoría de las deportaciones. Tipton aseveró que el gobierno de Biden no había logrado “proporcionar ninguna justificación concreta y razonable para detener durante 100 días las deportaciones”.

La orden de Tipton es un golpe para el gobierno de Biden, que ha propuesto cambios de gran alcance en inmigración, incluido un plan para legalizar a unas 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin autorización. Biden prometió durante su campaña emitir la moratoria.

La orden representa una victoria para los gobiernos republicanos de Texas, quienes a menudo entablaron demandas para entorpecer los programas promulgados por el predecesor demócrata de Biden, el presidente Barack Obama. También mostró que, así como varios gobiernos estatales y grupos a favor de la inmigración liderados por los demócratas lucharon en los tribunales contra el entonces presidente Donald Trump por asuntos relacionados con la inmigración, a menudo con éxito, también lo harán los republicanos con Biden en el cargo, explicó AP.

Aunque la orden de Tipton prohíbe la implementación de una moratoria durante 14 días, no requiere que las deportaciones se reanuden a su ritmo previo. Las agencias de inmigración suelen tener libertad para procesar casos y programar los vuelos de salida.

El DHS refirió una solicitud de comentarios a la Casa Blanca, la cual emitió un comunicado en el que señaló que la moratoria era “totalmente apropiada”.

“El presidente Biden sigue comprometido con la adopción de medidas inmediatas para reformar nuestro sistema de inmigración con el fin de garantizar que se defiendan los valores estadounidenses al tiempo que mantenemos a nuestras comunidades seguras”, señala el comunicado.

Según AP, el secretario interino de Seguridad Nacional, David Pekoske, firmó un memorando el primer día de Biden como presidente en el que ordenaba a las autoridades de inmigración que se centraran en la seguridad nacional y las amenazas a la seguridad pública, así como en cualquier persona que haya sido detenida al ingresar sin permiso a Estados Unidos después del 1 de noviembre. Eso significó un cambio radical de política frente al gobierno de Trump, que hizo que cualquier persona que hubiera ingresado ilegalmente en Estados Unidos fuera una prioridad para deportación.

La moratoria de 100 días entró en vigor el viernes y benefició a casi cualquier persona que haya ingresado a Estados Unidos sin autorización antes de noviembre.

De acuerdo con el reporte de AP, el secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, argumentó que la moratoria violaba la ley federal, así como un acuerdo que Texas firmó con el DHS al final del gobierno de Trump. Ese acuerdo requería que el DHS consultara con Texas y otros estados antes de tomar cualquier medida para “reducir, reorientar, cambiar prioridades, relajar o modificar de alguna manera la aplicación de la ley de inmigración”.

El gobierno de Biden argumentó en documentos presentados ante la corte que el acuerdo no es ejecutable porque “un gobierno saliente no puede quitar por acuerdo ese poder a un gobierno entrante”. Mientras tanto, la oficina de Paxton presentó un artículo de opinión de Fox News como evidencia de que la “negación a deportar extranjeros ilegales lleva directamente a la liberación inmediata de más extranjeros ilegales en Texas”.

Tipton, un nominado de Trump, escribió que su orden no estaba basada en el acuerdo entre Texas y el gobierno de Trump, sino en la ley federal para preservar el “statu quo” antes de la moratoria del DHS.

Paxton ha defendido causas conservadoras y de extrema derecha en la corte, incluso una fallida demanda que intentaba anular la victoria de Biden sobre Trump, mientras él mismo es investigado por el FBI por acusaciones de exasistentes de que ha abusado de su puesto para beneficiar a un donante.

En respuesta a la orden, Paxton tuiteó: “Victoria», y describió la moratoria de deportación como una “insurrección sediciosa del ala izquierda”, una aparente referencia a la insurrección del 6 de enero en la que partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio mientras el Congreso certificaba la victoria de Biden. Cinco personas murieron durante los disturbios, entre ellos un policía del Capitolio. La Cámara de Representantes ha iniciado un proceso de juicio político contra Trump por incitar el asedio.

Kate Huddleston, de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas, criticó a Paxton y argumentó que no se debería permitir que proceda su demanda.

“La pausa del gobierno a las deportaciones no sólo es legal, sino que es necesaria, para asegurar que las familias no sean separadas y que las personas no regresen al peligro innecesariamente mientras el nuevo gobierno revisa acciones pasadas”, dijo Huddleston en un comunicado citado por AP.