CBP revoca protecciones a inmigrantes embarazadas, niños y enfermos
- CBP revoca protecciones a embarazadas
- Eliminan medidas humanitarias
- Organizaciones denuncian retroceso migratorio
Una decisión reciente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha encendido alertas entre defensores de derechos humanos y organizaciones civiles.
El pasado 5 de mayo, la agencia emitió un memorando en el que declara “obsoletas” varias políticas diseñadas para proteger a inmigrantes en situación vulnerable durante su detención.
Entre los afectados por esta medida están mujeres embarazadas, bebés, personas con enfermedades, adultos mayores y menores bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.
La decisión marca un retroceso en las medidas impulsadas por la administración Biden, que buscaban humanizar el trato a no ciudadanos en condiciones médicas delicadas.
CBP declara obsoletas protecciones a inmigrantes vulnerables
El documento fue firmado por Pete Flores, comisionado interino de CBP, y establece que las políticas previas “no se ajustan” a las nuevas prioridades de control migratorio.
Las directrices revocadas abarcan cuatro lineamientos fundamentales implementados entre 2022 y 2024 para resguardar la salud y seguridad de personas detenidas.
Entre ellas, destacan protocolos sobre el tratamiento de mujeres embarazadas y bebés no ciudadanos, así como medidas de custodia para personas con riesgo médico.
También se elimina la orientación adicional emitida en octubre pasado y los mecanismos de monitoreo de personas vulnerables bajo custodia.
Las directrices revocadas y sus implicaciones
Pese a ello, el memorando asegura que el personal deberá seguir cumpliendo con los requisitos básicos de las Normas Nacionales de Transporte y Escolta.
Asimismo, menciona el cumplimiento del Acuerdo Flores, que rige los estándares de trato hacia menores migrantes detenidos en EE.UU.
Para organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), esta decisión representa un grave retroceso humanitario.
“Estas políticas incluían el suministro de agua y pañales a los bebés bajo el cuidado de la CBP”, recordó la ACLU en un comunicado conjunto con sus capítulos en San Diego e Imperial.
También señalaban directrices para acelerar la liberación de personas en condiciones médicas críticas, a fin de que recibieran atención especializada.
La organización advirtió que las condiciones para niños pequeños en estaciones de la Patrulla Fronteriza ya eran alarmantes incluso antes de estas revocaciones.
Uno de los casos más notorios fue el de una mujer obligada a dar a luz en una estación fronteriza mientras se apoyaba en un cubo de basura.
Ese hecho desató una ola de críticas y fue clave en los esfuerzos para establecer medidas mínimas de protección médica en centros de detención.
Casos graves exponen la negligencia médica
Otra tragedia destacada por defensores fue la muerte de Anadith Reyes, una niña de ocho años que falleció tras pasar una semana bajo custodia sin atención médica adecuada.
“La rescisión de estas políticas refleja la crueldad que sustenta la agenda migratoria de la administración Trump”, declaró Sarah Mehta, de ACLU.
Mehta añadió que CBP tiene un historial de negligencia médica hacia personas embarazadas y menores, con consecuencias trágicas y evitables.
Además, cuestionó que la agencia intente desmantelar estos protocolos de forma discreta, sin supervisión ni consulta pública.
Crece presión política por medida polémica
“La agencia está redoblando su total indiferencia hacia las familias y los niños”, señaló Mehta, quien exhortó al Congreso a no dejar pasar la medida sin escrutinio.
Bajo el nuevo liderazgo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, CBP ha endurecido sus procedimientos migratorios en general.
Esto incluye revisiones más rigurosas a viajeros, así como nuevas pautas en detención y deportación que emulan políticas del gobierno de Trump.
Aunque el documento menciona que se seguirán cumpliendo “requisitos mínimos”, los críticos señalan que se eliminan salvaguardas fundamentales.
La preocupación se extiende a hospitales fronterizos y redes de atención médica comunitaria, que anticipan una posible saturación si no hay liberaciones médicas oportunas.
Grupos de derechos humanos insisten en que esta revocación no solo es un error logístico, sino una amenaza directa a la vida de personas en condiciones vulnerables.
Diversos legisladores ya han comenzado a solicitar explicaciones y evaluar si se puede revertir la decisión desde el Congreso.
El tema promete escalar en medio de un año electoral donde la política migratoria se mantiene como uno de los ejes más polarizantes, según el medio de ‘La Opinión‘.
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