Casa Blanca celebra fallo judicial a favor de política migratoria de Trump

• Fallo Judicial apoya política migratoria de Trump
• El fallo desestima la decisión de dos jueces de bloquear el intento de la administración Trump respecto a negar la residencia o deportar a extranjeros que puedan convertirse en “carga pública”
• Se entiende como carga pública a todo individuo que dependa potencialmente del Gobierno como fuente primaria de subsistencia

La Casa Blanca celebró hoy el fallo emitido por el tribunal de apelaciones del noveno circuito que desestimó la decisión de dos jueces de distrito que bloqueaba el intento de la Administración de Trump de recuperar una norma que permite negar la residencia o deportar a aquellos extranjeros que puedan convertirse en «cargas públicas» para el Estado, reseñó la agencia Efe.

«El noveno circuito ha reconocido el derecho de la autoridad de la Administración para adoptar la interpretación de la restricción de ‘carga pública'», se congratuló la Casa Blanca en un comunicado.

Sin embargo, la resolución emitida este jueves no permitirá aplicar esta política migratoria en el país, ya que todavía están en vigor dos órdenes judiciales que prohíben su implementación en todo el territorio.

El Gobierno de Trump ha defendido esta iniciativa, que facilita el rechazo de inmigrantes legales con bajos ingresos que puedan convertirse en una carga pública en el futuro o retirar el permiso de residencia legal a los que posteriormente accedan a programas de ayuda y dependan de ellos para subsistir.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración definen como carga pública a todo individuo que pueda potencialmente depender del Gobierno como fuente primaria de subsistencia, lo que se demostraría con la recepción de dinero de origen público como sustitutivo de renta.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el costo de los medicamentos, entre otros.

Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal sería definido como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un período de 36 meses, y en el caso de recibir dos ayudas públicas simultáneamente al mes, se contaría como dos meses, según explicó el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, al anunciar en agosto la medida.

El actual ejecutivo pretende recuperar esta política migratoria «aprobada por el Congreso» e implementada «durante más de un siglo» que sienta las base para el rechazo del permiso de residencia y deportación de aquellos inmigrantes considerados como potenciales cargas públicas.

Esto contradice la regulación establecida por el expresidente Bill Clinton (1993-2001) en 1999, que invitaba a no seguir las pautas de este estatuto federal.

Desde la Casa Blanca han lamentado que, «por desgracia», esta decisión de la corte del noveno circuito no vaya a tener efecto práctico a la hora de reivindicar los deseos del actual ejecutivo, pues existen otras dos resoluciones judiciales emitidas por dos jueces de los estados de Nueva York y Maryland que prohíben aplicar este estatuto en el conjunto del país.

A continuación el comunicado emitido por la Casa Blanca:

Ayer, el Noveno Circuito levantó dos mandamientos judiciales de distrito y sostuvo que la Administración Trump debería poder hacer cumplir una regulación que implementa un estatuto aprobado por el Congreso que ha declarado durante más de un siglo que cualquier extranjero que `en cualquier momento es probable que se convierta en público el cargo es inadmisible’.

La nueva regulación reemplazó la orientación emitida por la Administración Clinton en 1999 que había reducido indebidamente el estatuto federal.

El Noveno Circuito ha reconocido correctamente la autoridad de la Administración para adoptar una interpretación de la restricción de «carga pública» más fiel y coherente con el alcance del estatuto aprobado por el Congreso.

Desafortunadamente, como cuestión práctica, el fallo no ha logrado nada para reivindicar el estado de derecho debido a la práctica destructiva de los jueces de distrito individuales que se hacen cargo de las cuestiones de política nacional al emitir mandatos a nivel nacional.

Aunque el Noveno Circuito levantó los dos mandatos emitidos por los tribunales de distrito dentro del Noveno Circuito, otros dos mandatos a nivel nacional han sido emitidos por jueces de distrito individuales en Nueva York y Maryland, y esas órdenes impiden que la regulación se aplique en cualquier lugar, incluso en el Noveno Circuito.

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En efecto práctico, las medidas cautelares a nivel nacional otorgan a cualquier juez de distrito el poder de decirle a un panel de un tribunal federal de apelaciones que su fallo no importa y que no puede afectar la implementación real de la ley.

Tales subvenciones del estado de derecho deben llegar a su fin.

El sistema judicial debe abordar el grave peligro que presentan los mandatos en todo el país y garantizar que los tribunales de distrito no sobrepasen excesivamente el papel que los Fundadores pretendían en nuestro cuidadoso sistema de controles y equilibrios.

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