Caos y sospechas por contratos de ICE ligados a metas de deportación de Trump
Publicado el 17/05/2025 a las 20:27
- Caos por contratos de ICE
- Vínculos políticos en adjudicaciones
- Millones cancelados tras denuncias
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha estado acelerando la entrega de contratos gubernamentales en su intento por cumplir con los objetivos migratorios del expresidente Donald Trump.
Expertos señalan que la rapidez con la que se están otorgando estos contratos ha generado preocupación sobre la legalidad y transparencia del proceso.
Uno de los casos más controversiales involucró un contrato de 73 millones de dólares que fue cancelado poco después de su asignación.
La compañía beneficiada, Universal Strategic Advisors, tenía vínculos con altos funcionarios del primer gobierno de Trump.
Asignaciones sin competencia y con vínculos políticos
El contrato fue otorgado sin pasar por un proceso abierto de competencia, lo que provocó que otra empresa presentara una queja formal ante la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO).
Universal Strategic Advisors estaba dirigida por Timothy Robbins, exfuncionario de ICE y colaborador cercano del llamado «zar» de la frontera Tom Homan.
TE PUEDE INTERESAR: Trump firma orden ejecutiva para crear programa de autodeportación voluntaria
Según registros, Robbins seguía vinculado a la empresa semanas antes de que se otorgara el contrato, lo que ha despertado acusaciones de posible conflicto de interés.
Antes de este contrato, la empresa solo había manejado un acuerdo federal menor, lo que cuestiona su capacidad para manejar fondos multimillonarios.
Quejas formales y cancelaciones millonarias
La queja fue presentada por Nathan Young, exfuncionario de ICE y actual líder de una firma de seguridad privada.
Young aseguró que Universal fue la única compañía invitada a postular por el contrato, lo que considera una práctica irregular.
El 18 de abril, pocos días después de la denuncia, el contrato fue cancelado, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha confirmado si esa fue la razón.
La GAO cerró la investigación al considerar que, al ser revocado el contrato, ya no era necesario continuar la revisión.
Justificaciones oficiales y dudas persistentes
El DHS respondió inicialmente que las acusaciones de Young eran infundadas y especulativas, pero no ofreció más declaraciones tras la cancelación.
Este no ha sido el único contrato bajo la lupa en el marco del plan de deportaciones masivas de la administración Trump.
Otro acuerdo controvertido es el que financia una campaña publicitaria para promover la autodeportación de inmigrantes.
El contrato fue otorgado con carácter de “urgencia” a solo tres empresas, según justificó el DHS.
Contratos millonarios a empresas con poca trayectoria
Entre las beneficiadas está Safe America Media LLC, una compañía fundada apenas 13 días antes de recibir un contrato por 62 millones de dólares.
La empresa está registrada a nombre de Mike McElwain, estratega del Partido Republicano, y su sede es su propia casa en Virginia.
El DHS defendió la decisión argumentando que las empresas tenían experiencia en medios y relaciones relevantes.
Sin embargo, registros públicos muestran que Safe America Media no tenía antecedentes federales previos ni operaciones conocidas antes de este contrato.
Expertos cuestionan la rapidez en asignaciones
Scott Amey, abogado del grupo independiente Project on Government Oversight, criticó la premura con la que ICE reparte contratos de alto valor.
Amey considera alarmante que se cancelen contratos tan rápidamente luego de recibir quejas, algo que no suele ocurrir sin un análisis previo.
Agregó que este patrón sugiere que se están cometiendo errores graves al no realizar una evaluación adecuada de las empresas seleccionadas.
La situación ha generado incertidumbre entre los contratistas que invirtieron recursos con base en acuerdos que luego fueron anulados.
Repercusiones financieras y desconfianza institucional
Varias compañías afectadas han reportado pérdidas económicas tras movilizar equipos y personal que luego quedaron sin respaldo contractual.
El caos generado ha dañado la credibilidad de ICE en su gestión presupuestaria y ha encendido alarmas sobre el uso de fondos públicos.
Legisladores y grupos civiles piden mayor supervisión del Congreso para evitar que intereses políticos influyan en las decisiones de contratación.
Mientras tanto, el avance de contratos sin licitación adecuada sigue generando controversia en el complejo entorno migratorio de Estados Unidos.
Artículo relacionado
