Autoridades ahora podrán detener a inmigrantes en las calles tras nuevos acuerdos con ICE

• Nuevos acuerdos con ICE.
• Detención de inmigrantes.
• Pactos para aplicar nueva política.

El gobierno de Estados Unidos ha reactivado un programa que permite a las autoridades locales detener e interrogar a inmigrantes en las calles.

Generando una gran preocupación entre defensores de derechos civiles.

El modelo de «fuerza de tarea» del programa 287(g), suspendido en 2012 por denuncias de discriminación y perfil racial, ha sido relanzado con acuerdos en al menos cinco estados.

Agencias en Florida, Idaho, Kansas, Oklahoma y Texas firmaron pactos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para aplicar esta política.

Nueva política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

El programa otorga facultades a oficiales locales capacitados por ICE para arrestar a personas por presuntas violaciones migratorias.

ICE considera esta estrategia un «multiplicador de fuerza» que amplía la capacidad de detención sin necesidad de intervención directa de agentes federales.

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Los acuerdos permiten interrogar a cualquier persona sospechosa de estar en el país sin documentos, sin que haya una investigación criminal previa.

Durante su aplicación en la década de 2000, el programa generó desconfianza en comunidades latinas debido a su asociación con el perfil racial.

Investigaciones revelaron que la política fomentó prácticas discriminatorias y demandó elevados costos legales para los gobiernos locales.

En Arizona, el condado de Maricopa enfrentó demandas que resultaron en pagos por 43 millones de dólares debido a prácticas de perfil racial.

Un fallo judicial de 2013 determinó que los costos derivados de litigios relacionados con el programa podrían superar los 314 millones de dólares este año.

Defensores de los derechos civiles advierten que la medida podría alentar detenciones arbitrarias y generar temor entre los inmigrantes.

Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida han expresado preocupación por el impacto en la seguridad de las comunidades.

Thomas Kennedy, consultor de la organización, afirmó que estas prácticas podrían disuadir a los inmigrantes de reportar delitos por miedo a ser deportados.

Las detenciones de personas por infracciones menores, como faltas de tránsito, podrían convertirse en pretextos para cuestionar el estatus migratorio.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió el programa argumentando que fortalecerá la cooperación entre las agencias locales y federales.

En Kansas, el Buró de Investigaciones del Estado firmó un acuerdo el 17 de febrero para sumarse al plan.

En Oklahoma, el gobernador Kevin Stitt anunció el 21 de febrero la adhesión de tres agencias estatales, incluida la de Seguridad Pública.

Texas también se sumó con la firma de acuerdos entre el fiscal general del estado y alguaciles de los condados de Goliad y Smith.

El condado de Douglas, en Nevada, se integró recientemente a la iniciativa, aumentando el número de jurisdicciones que aplicarán el programa.

Se ejecutarán deportaciones masivas

El exdirector interino de ICE, Tom Homan, impulsor del programa, sostuvo que la medida permitirá ejecutar deportaciones masivas.

Homan afirmó que la administración busca reducir los costos de entrenamiento de los oficiales, disminuyendo el periodo de capacitación de cuatro a una semana.

El Departamento de Seguridad Nacional respaldará a las agencias locales en casos de litigios relacionados con la implementación del programa.

Además, el relanzamiento del programa 287(g) es parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para endurecer la política migratoria.

Críticos alertan sobre los riesgos de abusos, discriminación racial y el impacto en la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden.

Además, el Instituto de Políticas Migratorias encontró que este tipo de acuerdos generan menos arrestos en comparación con el escaneo de huellas dactilares.

En el condado de Prince William, Virginia, la aplicación inicial del programa en 2007 provocó temor entre los inmigrantes, lo que llevó a su modificación.

Autoridades locales limitaron las verificaciones de estatus migratorio a personas ya arrestadas, buscando reducir tensiones en la comunidad.

Defensores del programa argumentan que es una herramienta efectiva para combatir el crimen.

Así como reforzar la seguridad en las comunidades, según detalló el medio de ‘Infobae‘.

Sin embargo, críticos advierten sobre los elevados costos de litigios y la posible ruptura de la confianza entre inmigrantes y autoridades.

A medida que más jurisdicciones consideran sumarse al programa, el debate sobre su impacto social y legal sigue en aumento.

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